Las gestiones de Iván Cepeda en procura de la liberación de Simón Trinidad, quien paga su condena en una cárcel de Estados Unidos, es además de grotesca, cínica e irrespetuosa, deliberadamente desafiante ante un país que hace unos años vio con complacencia cómo se aprobaba la extradición de este narcotraficante y terrorista. 
El senador Cepeda, haciendo alarde de su investidura, nos enrostra sus tendencias y sus vínculos con las Farc. Son actos de descaro disfrazados de humanitarios que, en el fondo, pretenden demostrarnos ese poder que se le ha cedido al terrorismo y que se alimenta desde las altas esferas nacionales. Y lo malo es que en Colombia esto es asumido con indiferencia; es asumido como si abogar por los delincuentes o los terroristas de izquierda fuera lo más natural; y como si tratar de interferir en los procesos judiciales de otros países, donde sí opera el aparato judicial, fuera una de las funciones de los congresistas. ¡Y entonces reina el silencio!
Yo me pregunto: ¿cuál sería la reacción de Cepeda, Teodora, Petro, Robledo, Santos, Barreras, Benedetti, Serpa y demás defensores de las Farc, donde uno de nuestros congresistas estuviera abogando por lograr la repatriación de Mancuso u otro de los cabecillas paramilitares extraditados por Uribe a EE.UU.? ¿Cómo hubiera sido el escándalo mediático en la W, Caracol, RCN, Semana y demás medios nacionales, y qué estaría pasando con ese congresista? ¡La silla eléctrica es poco!
Pero hoy no pasa nada. Porque en Colombia parece que el mayor lavadero de imagen, de culpas, de penas, de condenas o de prontuarios es pertenecer a las Farc o a uno de sus aliados en el terrorismo. Porque con solo mencionarlos la justicia se retrae, el ejecutivo se doblega y el legislativo se silencia; porque con solo decir que se actúa en su nombre o a su favor, desaparecen la rigurosidad de la ley y la imparcialidad de la justicia, y reina la lenidad o la impunidad.
¿Y es que acaso no son iguales de asesinos los terroristas farianos que los cabecillas paramilitares? ¿Acaso los mutilados recuperan sus miembros, los secuestrados las secuelas de su encierro o los asesinados sus vidas, por haber sido víctimas de las Farc y no de los paras? Y en otro escenario, ¿qué diferencia hay entre los asesinos farianos o paramilitares, y los políticos corruptos que se han robado los dineros de la salud y las pensiones, y causan a diario la muerte de miles de colombianos que no son atendidos en clínicas y hospitales, o mueren esperando el reconocimiento de su pensión? ¡Ninguna! Pero nuestra justicia, lastimosamente, se encarga de proteger a unos muy culpables, y de perseguir a otros totalmente inocentes. ¡Dependiendo de su origen!
Me dirán que todo se justifica en aras de la paz, y que abogar por la libertad de un terrorista fariano condenado en Estados Unidos hace parte del perdón y la reconciliación; o que los paramilitares no merecen ese perdón porque reincidieron en sus delitos. Y vuelvo a preguntar: ¿es que acaso las Farc no siguen delinquiendo a través de sus disidencias; no siguen narcotraficando a través de los capos que querían amnistiar; o no siguen cometiendo atentados a nuestra democracia? 
¡No senador Cepeda! A Simón Trinidad hay que dejarlo en Estados Unidos hasta que pague su condena y después que venga y responda ante la justicia colombiana. ¿Para qué traerlo a nuestro país y tener que gastar millones de pesos en su protección, sus viajes en primera clase, sus movilizaciones ostentosas y sus derroches, tal y como se hace con los demás cabecillas farianos convertidos en “honorables congresistas”? ¡Allá está muy bien Trinidad! Y es más, allá es donde deberían estar muchos de sus compañeros que hoy se dan el lujo de humillar a sus víctimas y de burlarse de nuestro sistema jurídico. Y allá es donde tendrán que terminar sus socios cuando en Colombia se restituyan las instituciones y se restablezca la majestuosidad de la ley y la justicia. Allá es a donde tienen que ir a parar todos los que, abusando de nuestra buena fe, hoy se pavonean como reyes y siguen delinquiendo bajo el amparo del propio Gobierno y de las Altas Cortes.