El miércoles 11 de marzo de este desolado 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus covid-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia. En consecuencia dio una serie de recomendaciones para contrarrestar que su propagación causara más estragos de los que se pudieran evitar, la mayoría han sido acatadas, con irresponsables (criminales) excepciones, por todos los gobiernos del mundo.
Las medidas van desde estrictos cuidados personales como lavarse las manos con frecuencia, desinfectar los empaques del mercado, hasta confinarse en casa, y en los espacios públicos observar una distancia física mínima de dos metros. Sobre estas últimas se ha insistido reiteradamente, incluso se han expedido medidas de castigo para los infractores.
En Colombia, como en la mayoría de los países del tercer mundo, acatar estas medidas es sin lugar a dudas un “remedio que puede ser peor que la enfermedad”, porque van sencillamente en contravía de las posibilidades que ofrece la realidad. Más del 20% de la población de este país está hacinada en inquilinatos donde los miembros de una familia “viven” en un solo espacio, los servicios sanitarios son escasos y deben compartirse entre muchas de ellas. Así es que aquello de la distancia física como antídoto contra la pandemia, es una respuesta que solo es posible en países del primer mundo donde la vivienda ha sido entendida como uno de los derechos fundamentales de la sociedad.
Las leyes del mercado han hecho que los programas de vivienda, incluso los promovidos por el Estado, no constituyan una solución. La “capacidad financiera” de la población está lejos de cualquier aspiración a una solución formal medianamente aceptable. Como política del gobierno central en las periferias urbanas y municipios de idiosincrasia campesina que fue “necesario” ampliar indiscriminadamente, se construyeron recientemente edificios de áreas mínimas, indistintamente de si se tratara de regiones o ciudades costeras, del eje cafetero, o de los extensos valles que acompañan a los ríos. Objetos exóticos para unas poblaciones que tradicionalmente tienen otra forma de vivir, resultado de siglos y siglos de elaboración cultural. Es que no se trata solo de satisfacer las estadísticas, sino de atender las necesidades reales de la gente, las exigencias de los climas, lo agreste o llano de las topografías.
Si vamos a las clases medias guarecidas ahora en “rascacielos”, que irrumpen una trama urbana de morfología mesurada, muchos de ellos segregados de la vida ciudadana mediante bardas o vallados, encontramos que en medio de la clausura impuesta por el Estado se encuentran familias enteras a punto de “coger el monte”, sin espacios suficientes y de calidad para sobrellevar el confinamiento porque tienen que entretener a los niños, trabajar desde la mesa del comedor, recibir clases virtuales o, “pasar el tiempo” a punta de correos enviados a diestra y siniestra por medios electrónicos. Eso explica en parte que se estén presentando desordenes emocionales y que la violencia intrafamiliar se esté exacerbando exponencialmente y en cadena, él la agrede a ella y ella a los niños.
Hasta los años noventa existían en Colombia empresas del Estado como el Instituto de Crédito Territorial o el Banco Central Hipotecario, que con significativos bancos de tierra el primero, y excelentes propuestas habitacionales los dos, controlaban el mercado, y se constituían en parámetros habitacionales de muy buena calidad.
El Estado debe controlar la expansión indiscriminada de la ciudad, como parece que está tratando de hacerlo “logrando” la pandemia superar la voracidad del mercado, el comercio “a destajo” de vivienda y poner en cintura la negociación inmobiliaria, como ya lo hizo eficientemente en el pasado, para responder con éxito a esta y a otras crisis sanitarias, y sobre todo rescatar de esas “guaridas de pesadilla” a más de los diez y ocho millones de ciudadanos que según el DANE no tienen donde vivir, a los cuales, según la constitución política de este país se les “garantiza” el acceso a una vivienda digna.