Debería ser evidencia de vitalidad democrática. Pero no. Al contrario, para nadie es un secreto que la explosión de candidaturas presidenciales por firmas es el reflejo del descrédito de los partidos políticos. Unos partidos que, como lo he sostenido en mi libro “Del personalismo a la política institucional” goo.gl/Bzhk9h, no han dejado de ser microempresas electorales porque la reforma política de 2003 redujo el número de partidos, pero promovió las micro y famiempresas a su interior.
Sorprende que en ese contexto el gobierno promueva una reforma política, como la que actualmente hace tránsito en el Congreso, sin saber lo que quiere, solo por la apariencia de estar cumpliendo con los acuerdos de La Habana. Como el cacareado, pero inane, estatuto de la oposición, del cual decía el senador Roy Barreras que con su reciente aprobación Colombia se ponía a la vanguardia de las democracias modernas. ¡Válgame Dios!
Si bien al Ministro del Interior, Guillermo Rivera, se le apareció la virgen con el escándalo de corrupción de la Corte Suprema porque ahora puede justificar la reforma con la inclusión del Tribunal de Aforados, corre sin embargo el riesgo de que la Corte Constitucional lo declare inexequible por la carencia de conexidad con los acuerdos de paz. Y aunque parezca que fue hace años, recuérdese que es la misma reforma con la que el ministro Juan Fernando Cristo hacía lluvia de ideas, hace solo unos meses, con el estribillo de ampliar el periodo presidencial a 5 años, establecer el voto obligatorio, bajar la edad mínima para votar y hasta acabar con la Vicepresidencia, una de las tantas razones de las acusaciones y temprana oposición de Cambio Radical a la reforma. ¿No es el colmo de la improvisación?
Lo que salvaría a la reforma de ser un mero saludo a la bandera es la eliminación del voto preferente con la aprobación de la lista bloqueada, pero la medida se posterga en el proyecto de acto legislativo a 2022 con lo que cualquier cosa puede pasar en 4 años en el país que se disputa el campeonato mundial en necedad legislativa y proposición de reformas políticas.
Claro que la razón de los palos de ciego del gobierno es relativamente simple: una reforma de la envergadura que se necesita, para apuntalar los partidos, no se tramita con un gobierno que carece del músculo político para sacarla adelante, menos cuando está de salida y menos aún cuando no sabe qué es lo que hay que reformar. Es algo que debería haber tenido claro la Misión Electoral, quien completa el sainete de equivocaciones, al servir de legitimador al gobierno con unas recomendaciones que no iban a ser recogidas. Es lo mismo para lo que sirvió la Comisión de Partidos Políticos, por allá en el año 95, cuando Samper desoyó sus recomendaciones, por demás malitas, y se fue a Cartagena a proponer la cortina de humo de un congreso unicameral en plena crisis de la narcofinanciación de su campaña.
Aunque puntualmente el documento de la Misión Electoral resulta bueno, también sorprende las veleidades de algunos de sus miembros y de los centros de estudios que los acogen que hace solo 10 años celebraban las bondades de la reforma política de 2003 y del voto preferente, con publicaciones disponibles en internet, y ahora parecen recoger velas con la propuesta de eliminación de este último.
Toca rezar, en esta época de visita papal, para que entre la confusión del gobierno y la avalancha de proposiciones de los congresistas, 140 hasta ahora, no salga un Frankenstein legislativo que habilite de nuevo los partidos de garaje o convierta la reforma política en una tributaria por la puerta de atrás. Ojo que entre la zanahoria de la financiación de las campañas preponderantemente estatal, la ampliación burocrática del Consejo Nacional Electoral y propuestas como la del representante a la Cámara, Heriberto Sanabria, de aumentar la financiación de los partidos a la bicoca de 110 mil millones de pesos esta reforma puede salirnos muy cara a los colombianos.