¿Qué podría pasarle a un país cuyas reformas políticas están precedidas de insensateces, engaños y falta de rumbo? Pues, con toda seguridad, el permanente desasosiego institucional e ingobernabilidad.
Eso es precisamente lo que ocurre en Colombia con los inagotables intentos de reforma política. Además de ser fragmentarios y sin derrotero, están edificados sobre la base de que el diseño de los partidos y el sistema electoral es secundario o que lo correcto es exculpar a la sociedad del problema de la corrupción vía descargar toda la aversión en el Congreso, como el ‘villano del pueblo’. Una categoría que se refleja en campañas como “Trabajen vagos”.
Se trataba de denunciar la falsificación de excusas por parte de algunos congresistas para justificar sus inasistencias a sesiones plenarias del Capitolio. Sin embargo, a la actual Representante, Catherine Juvinao, le pareció que había que poner más picante, más atractivo para la opinión, y no le importó mentir y etiquetar su campaña bajo el eslogan “Trabajen vagos”. Su osadía le sirvió para hacerse elegir al Congreso, y hasta para suscribir un contrato de dudosa utilidad con la gobernación del Magdalena, ahora investigado por la Corte Suprema de Justicia, pero al país parece que muy poco. Su propuesta de reforma política no es más que un recalentado de periódicos.
No se puede negar lo obvio, que buena parte o la mayoría de congresistas son corruptos, varios de los cuales yo mismo he denunciado, pero tampoco se puede desconocer que trabajan, y muy duro. De nada sirve autocomplacerse con diagnósticos desacertados que conducen a callejones sin salida, como también ocurre con las paradojas del salario de los congresistas.
Si alguna solución aportara, a los ‘villanos del pueblo’ no deberían pagarles los 35 salarios mínimos, aunque con descuentos devenguen 25 millones de pesos mensuales netos. Más bien, como máximo 24 o 25 salarios mínimos, al quitarles la prima especial de servicios, como lo propone el senador Jonathan Pulido, que con la bandera de la reducción de salarios obtuvo una de las más altas votaciones.
No importa, dirían muchos, que quedemos en el absurdo de que, con descuentos, terminen ganando 17 o 18 millones de pesos netos. Muchísimo menos que los 26,6 millones de pesos que devengan los 439 procuradores judiciales II que tiene la Procuraduría u otros 5.000 funcionarios públicos con muchas menos responsabilidades.
Es tal el tabú que no se observa la ecuación por el lado de los multimillonarios intereses económicos con los que debe lidiar un parlamentario, que podrían agravar la corrupción, y el desequilibrio constitucional del Congreso. Y es que la carta política señala los requisitos y procedimientos para hacerse elegir, así como las funciones del congresista, aunque omite mencionar los incentivos. ¿Acaso alguien cree que es suficiente aliciente una camioneta, una unidad de apoyo legislativo y un salario tan cuestionado?
Claro, mientras el país se desgañita en ofuscaciones y laberintos, el gobierno y los congresistas irresponsables tramitan las reformas políticas que les interesan, así desbarajusten al país, como la que presentó el Ministro del Interior Alfonso Prada. Una reforma que empeorará el mercado persa de las campañas vía la financiación estatal completa y con anticipación, volverá a las peores épocas con un centenar de partidos de garaje y ensanchará la bancada de gobierno con la aprobación del transfuguismo. ¿Cuántas Catherine Juvinaos y Jonathan Pulidos habrá que elegir antes de que el país se preocupe por aprobar reformas con estudio y sensatez? Por cierto, nunca una bancada de gobierno había sido tan carente y bisoña, con tantos parlamentarios simplemente calentando asiento.