Recientemente departía con unas amigas en un establecimiento de la avenida Santander. En la mesa contigua estaban dos hombres jóvenes y una mujer, también joven; acaloradamente discutían sobre la verosimilitud de lo que ellos nombraban como “supuesta” violencia contra las mujeres. Fue imposible prestar atención al argumento que exponían sobre el hecho de que en el mundo mueren más hombres que mujeres por causa de la violencia. Me fue imposible, porque, sin duda, la manera de ver el asunto por parte de estos jóvenes refleja, en buena medida, los estereotipos de género y los imaginarios colectivos que naturalizan e invisibilizan la violencia de género contra las mujeres. 
Si usted es uno de los que considera que es una exageración afirmar que la violencia contra la mujer es una pandemia, una masacre por goteo con múltiples expresiones, y que, por ejemplo, necesitamos leyes que sancionen de forma particular asuntos como el feminicidio, entonces, tal vez, le haga bien leer esta información sobre las serias violencias que empujan a millones de mujeres a vivir al filo del peligro. 
En 2014, 65.000 mil mujeres fueron asesinadas, mientras que, en 2018, la cifra subió a 85.000 mil, de ellas, el 58%, es decir, más de 50 mil, murieron en manos de su pareja o de un familiar; si bien el hombre tiene 4 veces más probabilidades que las mujeres de perder la vida por un homicidio intencional, las mujeres tienen 8 veces más probabilidades de ser asesinadas por sus parejas. Los hombres que matan a su pareja de sexo femenino por lo general mencionan haber tenido problemas con el alcohol, celos y miedo al abandono. En cambio, las mujeres que habían matado a su pareja de sexo masculino con frecuencia mencionaron que habían soportado largos periodos de violencia física a manos de esa pareja. (ONU 2018) 
En todo el mundo, uno de cada 4 niños menores de 5 años (176 millones) viven con una madre que es víctima de violencia de pareja; alrededor de 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas (UNICEF, 2017). 
De acuerdo con el último informe mundial de homicidios realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en el año 2013, si bien a nivel mundial 79% de las víctimas de homicidio son hombres, en el contexto familiar y de relaciones de pareja las mujeres están en un riesgo considerablemente mayor que los hombres. Aunado a lo anterior, cerca de 95% de los homicidas a nivel global son hombres. Según la investigadora venezolana Esther Pineda (2019), entre 2010 y 2018 en América Latina han ocurrido más de 8 mil feminicidios. 
Ahora bien, en Colombia, las cifras de violencia contra la mujer no parecen ser diferentes a las del panorama mundial. Los datos del Registro Único de Víctimas, muestran que, el conflicto armado dejó 8.186.896 víctimas, de las cuales, 4.064.710 son mujeres, es decir, un 50%. Por su parte, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, (2016) afirma que, entre 1958 y 2016, 15.076 personas fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, de las cuales, el 91,6% fueron mujeres, es decir, 13.810. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina legal, durante el 2019 se presentaron 870 homicidios de mujeres; 67.629 casos de violencia intrafamiliar y de pareja, de los cuales 51.731 fueron en contra de mujeres. Y según el observatorio nacional hubo más de 400 feminicidios en el 2019. En Manizales, el 2019 dejó 7 feminicidios atroces.
Estas cifras muestran la agudeza de un problema social que, además de los graves daños individuales a nivel psicológico, moral, físico y social en las mujeres víctimas, deja también daños colectivos relacionados con el debilitamiento de los vínculos y redes afectivas, de confianza y cooperación en las familias y comunidades. Por ello es un problema que requiere profundas transformaciones en los sentidos y prácticas a través de los cuales educamos en las familias, escuelas, comunidades y medios de comunicación. Pero, también un cambio en la manera cómo diseñamos e implementamos las políticas públicas de asuntos como familia, educación, diversidad y género. Estos retos implican a su vez el compromiso y trabajo conjunto entre sociedad civil, universidades, ONG, gobiernos y organizaciones de mujeres.