Hoy la humanidad decide qué es prioridad, la vida o la condición económica. Gran disyuntiva que involucra a quien decide y a quienes acatan. Encontrar el equilibrio y el beneplácito de las partes es difícil, a todo esto se suma la incertidumbre de la actual situación, pues no se sabe el alcance en tiempo y efecto, de la crisis en la cual se encuentra el mundo. Se conocen las devastadoras cifras, unas inciertas, imprecisas, maquilladas, manipuladas; otras, siendo utilizadas por los medios virtuales, para desinformar y generar pánico en el ciberespacio. De esta manera, vemos como se  desajusta el andamiaje productivo con sus efectos en la economía. Desde los impuestos y las tasas contributivas, salarios, arrendamientos, servicios públicos, artículos de la canasta familiar y medicamentos; transporte y combustibles, sectores como la hotelería, gastronomía, bares, discotecas y operadores turísticos, todos se correlacionan, produciendo un fenómeno de incumplimiento y recesión entre los actores.
Ante el acelerado cierre de establecimientos en todo el país, se analizan cifras; pero no se precisa el efecto causado en la larga cadena de protagonistas, en lo relacionado con el simple cierre de un local o establecimiento comercial. En este ligero recuento veamos cuántos actores quedan marginados: propietarios, administradores y empleados; personal de vigilancia externa, el arrendador o propietario del local, los proveedores y personal de mensajería. Este primer grupo afecta de manera indirecta con su desempleo y falta de ingresos, otros nichos de la cadena económica como son, supermercados y tiendas, servicios de agua, gas, luz, internet, teléfono y televisión; transporte de buses y taxis, recreación y esparcimiento. Impuestos de valorización, predial, sobretasa ambiental, de vehículos y rodamiento; aportes a seguridad social, seguros, matrículas y pensiones, créditos y otros compromisos financieros.
Estos sucesos originan en el sector inmobiliario, un caos por la emergencia vivida por sus usuarios. Inmuebles desocupados, procesos de restitución, subarrendamiento y cambio de uso, rebaja del canon, conciliaciones, pagos parciales e inmuebles entregados anticipadamente al vencimiento del contrato; franco deterioro del local por cierre continuo, al acatar las medidas cuarentenarias; suspensión y corte de los servicios públicos domiciliarios, por no cancelación de la factura; explicaciones a la DIAN por la reducción de ingresos en el rubro Arrendamientos; atraso en el pago de Industria y Comercio, Bomberos y otras contribuciones del orden municipal.
Este fenómeno afecta los pequeños, medianos empresarios y comerciantes con más fuerza. Los vendedores ambulantes tienen la ventaja de no pagar por su negocio arrendamiento, ni servicios; la mano de obra la ejercen ellos mismos o un miembro familiar; tienen gran capacidad de migrar y adaptarse a un nuevo entorno. Pero los medianos utilizan renglones de crédito, ahorros y cesantías,  recursos con los cuales atendieron la crisis de sus negocios, abriendo una brecha en su economía.
El Gobierno debe implementar medidas con el propósito de atender esta importante franja, la cual representa una masa crítica en la actual situación. Los bolsillos están limpios por la época navideña y los continuos puentes festivos; viene la temporada escolar con matrículas, pensiones, útiles y uniformes; pago de predial y cesantías; seguros e impuesto de vehículos. Las condiciones de estrechez de la comunidad no presentan la mejor posición, sin sumar el desempleo donde la cifra de solo Manizales, asombra. Esperamos de las autoridades una actitud consecuente con la realidad nacional; no se puede desconocer la situación colombiana en materia de salud, pero tampoco las otras caras de la pandemia que afectan a nuestros conciudadanos. Lograr obtener el equilibrio es el objetivo y para encontrarlo, debemos contar con la responsabilidad del pueblo, pero hasta ahora, el comportamiento ciudadano deja mucho que desear.