En un artículo de enero 2020 el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández se pronuncia sobre la defensa de la vida que debe adelantar el Gobierno y la focaliza en la muerte de líderes sociales que a su juicio no deben tratarse como casos aislados. A su turno el exguerrillero Lozada (“El Tiempo” 10/01 2020) señala que el Gobierno debe garantizar la vida de los excombatientes.

Frente a las chuzadas atribuidas al Ejército, el senador Iván Cepeda, como no, al comentar las declaraciones del presidente Duque de que se separarán y condenarán las manzanas podridas, expresa que el mal está en la raíz, esto es, acabar con el Ejército. El editorial de “El Colombiano” del 14/01/2020 advierte que “…de nada vale anunciar investigaciones si estas no prosperan” nos abstenemos entonces de investigar y absolvemos o condenamos sin hacerlo o, buscamos la forma de iniciar solo las que prosperan. Finalmente el delegado de las Naciones Unidas para el post conflicto se declara alarmado por los 107 líderes sociales asesinados en el 2019 y reclama del gobierno una mayor protección.

¿Quiénes son los líderes sociales, a qué actividad o personalidad le asignamos esa denominación que nos permite tratarlos como iguales? Si quien dirige un grupo de niños para practicar un deporte o formar un grupo de teatro, o para la construcción de una escuela lo es… y quien los congrega para reparar un puente o evitar la explotación de una mina, o la sustitución de cultivos ilícitos también, como es que los unificamos para deducir que se trata de un procedimiento por el que se busca su aniquilación. Y sin embargo, sí hay un hecho que los agrupa, esos homicidios ocurren en lugares violentos, en los territorios abandonados por las Farc y ocupados por las disidencias o por otros grupos y en aquellos de explotación ilícita de minas o cultivos de coca. En contra de lo que algunos tienden a llamar ineficiencia del gobierno; no creo que estemos frente a un plan macabro de muertes de los llamados líderes sociales, pues no existe una razón que permita juntarlos, salvo la del lugar donde lideran alguna actividad que les hace victimas de grupos al margen de la ley que, desde luego, deben ser perseguidos.

Los excombatientes de las Farc deben ser protegidos, como todos los colombianos de bien. A quienes de buena fe dejaron las armas, desde luego y no solo a sus dirigentes, senadores o representantes que gozan de especial vigilancia y resultados, sino a los guerrilleros de a pie que no han abandonado el cumplimiento del acuerdo, pero resulta difícil si ellos, los desmovilizados se desplazan a zonas violentas, recuérdeseles el viejo dicho: “Si no te quieres quemar, no te acerques a la candela”, pues ya se sabe que de los 107 desmovilizados asesinados 36, 12, y 8 lo fueron por disidentes de las Farc, el Eln y el Clan del golfo, respectivamente.

Para aquellos que declaran una y otra vez que el gobierno Duque o las Fuerzas Militares no cumplen el Acuerdo de paz les vendría bien leer los informes del comisionado Emilio Archila o la declaración de Timochenko: “si no fuera por los policías y el Ejército no estaría vivo”.

Finalmente, Iván Cepeda está en lo suyo, se trata de un político antisistema que obviamente vería complacido acabar con nuestras instituciones, basta esperar que los hechos lo pongan en su sitio, como ya ocurrió con su defensa a ultranza de Santrich, quien, cuando su situación se nubló, puso pies en polvorosa y a su defensor desnudo y callado, al menos por un tiempo.