Los que votamos no en el plebiscito fuimos mayoría y nos escamotearon el triunfo, luego ganamos la elección presidencial con Iván Duque y le exigen se olvide de su programa de gobierno. Es allí donde nace la polarización. El presidente Duque es un dirigente práctico y conciliador, sabe que el acuerdo con las Farc es un hecho, que la guerrilla aun cuando no toda se desmovilizó y, sin olvidar que los acuerdos obligan a ambas partes, a quienes han procedido de buena fe, debe cumplírseles y, en efecto, ha venido cumpliéndoles. Pero ello no obstante, señala, hay unos asuntos que merecen ser rectificados o aclarados porque llevan a la impunidad de delitos atroces, cuando se consideran delitos conexos con los políticos, también que terceros narcotraficantes se presenten a la JEP para eludir la extradición, de allí las objeciones por inconvenientes a seis artículos puntuales de la ley estatutaria que reglamenta la JEP.

No se trata de hacer trizas, ni de acabar nada, se trata de impedir la impunidad y defender a las víctimas, se trata de estar al lado de estas y no de los victimarios. Allí fue Troya, a una se levantaron los llamados defensores de la paz, que lo son del espurio acuerdo firmado por Santos con las Farc desconociendo la voz del pueblo manifestada en el plebiscito, que ahora desconocen la atribución del presidente de la República de Colombia, de objetarlas por inconstitucional o inconveniencia. Sí lo primero irían a la Corte Constitucional; sí lo segundo, como lo fue, resuelve el Congreso, de donde, no obstante siendo constitucionales pueden ser inconvenientes.

Resulta una testarudez no aceptar que la conexidad de los delitos tiene que ser objetiva y no permite, por tanto, incluir en ella todos los delitos, pues de allí resulta la impunidad para delitos que son de lesa humanidad como la violación de niñas o conllevan la extradición como el narcotráfico. De allí su inconveniencia. Sin embargo, la sola posibilidad de tocar el texto del acuerdo hace que aquellos que se llaman defensores de la paz se pongan al frente. Ahora salen en defensa de Santrich con la bandera de defender el acuerdo, cuando lo evidente es que el jefe guerrillero violó el acuerdo cuando delinquió después de su firma (1° de diciembre de 2016). Como lo violan reiteradamente Iván Márquez, Romaña y el Paisa cuando no se presentan y la JEP cuando no los sanciona.

Las objeciones que el presidente propuso a la Ley Estatutaria de la JEP son procedentes, puesto que tiene la competencia y, si es por inconveniencia como en efecto lo es, la Corte Constitucional no las resuelve ni las impide, puesto que su competencia es solo en materia constitucional, el asunto como ocurrió va al Congreso que tiene el poder de decidir si las objeciones por inconveniencia proceden. Esta distribución de competencias es el que sirve de balanza o equilibrio al poder. Resuelta por la Corte Constitucional la diferencia en cuanto las mayorías del Senado el presidente acata lo resuelto, pero seguirá buscando que no haya impunidad para los delitos conexos, esa es su obligación con las víctimas y con el pueblo que le eligió.

El asunto Santrich es ejemplarizante. Ya está bien que nos traguemos la impunidad pactada con Santos para los guerrilleros que no pagan pena alguna por todos sus delitos, incluso los de lesa humanidad, a cambio de la desmovilización parcial de las Farc, para que ahora tengamos que aceptar sus incumplimientos. Esa defensa a ultranza del acuerdo de desmovilización, que no es la paz, es lo que mantiene la polarización. Que esos supuestos defensores de la paz dejen de hacer la guerra y permitan gobernar. Que el presidente, las Cortes y el Congreso ejerzan sus funciones, esa es la democracia. Santrich debe ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia.