Cumplidos ocho años de gobierno de Uribe era necesario buscar un nuevo candidato que tomara su legado. Entre los tres posibles elegidos, uno, Germán Vargas Lleras quiso buscar fortuna con su propio partido; Andrés Felipe Arias fue borrado de la escena política por una trama que le montaron sus malquerientes que, no solo le hizo perder prestigio sino ser objeto de investigación penal por la que finalmente fue condenado. Una patraña. Como ministro de Agricultura adelantó un programa para lograr inversión privada en el campo. Se invitaba a los particulares a presentar programas que contarían con la ayuda gubernamental. Así nació Agro Ingreso Seguro (AIS), según el plan, el gobierno pondría otro tanto de lo que invirtiera el privado.
Desde luego, los agricultores con capacidad económica o grandes predios presentaban programas de mayor cuantía, pero ellos a su vez debían invertir otra suma igual; en términos precisos se lograba doblar la inversión. Los agricultores con menos recursos también tuvieron acceso, fueron miles los beneficiados. El plan, es evidente, cumplía el propósito de lograr una mayor inversión en el campo.
Los contradictores de “Uribito”, así le llamaban para restarle importancia, idearon una muletilla para perseguirlo -Un subsidio señalado para los pobres, Arias se lo entregó a los ricos- cuando, desde luego, AIS no es un subsidio y los pobres no tenían terreno en el cual invertir. El asunto montado para impedir su designación como candidato del partido conservador logró su fin con el señalamiento de Noemí Sanín como candidata de ese partido y trajo como secuela la investigación penal que ya no se limitó a la supuesta desviación de recursos, fácilmente desmontable con la sola definición del propósito, sino que se le fueron agregando argumentaciones como la también supuesta preferencia en la escogencia de los beneficiados; cuando se probó que el ministro no elegía o señalaba sino que la elección se hacía por un contratista del Ministerio, en este caso el ILCA, que no es una entidad particular sino adscrita a la OEA y no la preferida por Arias sino por todos sus antecesores en el Ministerio.
Los malquerientes, sin embargo, siguieron hurgando y descubrieron que varios hacendados aprovecharon el plan y defraudaron el proyecto cobrando más de una vez; tomo un ejemplo, Juan Manuel Dávila dividió un predio de su propiedad para que sus cuatro hijos lograran el acceso al programa con el mismo plan, el asunto es grosero y muestra la avaricia y vergonzosa ansia de enriquecimiento a la que pueden llegar quienes ya siendo ricos pretenden agrandar su hacienda con dineros públicos, sirvió para desprestigiar al Ministro, que no era responsable porque él no intervenía en la selección.
Es cierto, como ya se dijo, que el plan de AIS era permitir esa utilidad en quien invirtiera en el campo, pero esa multiplicación por cuatro era un fraude al proyecto. En el proceso Dávila y su familia regresaron los dineros recibidos del Estado y no pagaron pena, al ministro, sin embargo, le mantenían los cargos. Ocurrió que algunos de los beneficiados por AIS colaboraron en la campaña que había iniciado Arias para ser candidato a la Presidencia y, entonces derivaron hacia allí la investigación sin probar que se trataba de un “do ut des”, pues en el proceso no se probó que efectivamente la asignación de recursos de AIS a estos beneficiarios del programa se hizo para que aquellos colaboraran en su posterior campaña. No está probado el nexo causal, pero para los maldicientes basta la duda, cosa que no es suficiente en el derecho penal.
Con estos hechos y argumentos la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (algunos de sus miembros están siendo investigados -digamos que por conducta inadecuada en sus funciones) condenó a Arias a 17 años y 4 meses de cárcel (pienso que a muchos les parece una pena exagerada, a mí me parece injusta), sentencia que quedó en firme porque nuestra legislación penal, contra justo criterio o doctrina constitucional o criminal, no preveía apelación y, puesto que una justa reforma les dio a estos funcionarios el recurso, Arias le pidió a la Corte revisión de su proceso, que le fue negado.
En su momento, cuando apenas era imputado, se le negó la detención domiciliaria que se pedía con fundamento en la presunción de inocencia y la legislación penal que, justamente por aquel principio considera que la detención preventiva es la excepción y no la regla; ahora se le niega la segunda instancia, no sé a ustedes, pero a mí me parece una persecución. ¿Quiénes? ¡Averígüelo Vargas! Regresando al principio, para colmo, como candidato, por descarte, solo nos quedó un traidor.