Estos artículos nacen bajo la impresión causada por los hechos que vienen ocurriendo en el país que perjudican la marcha de toda la administración, dañan las instituciones y traen desconfianza a los colombianos que se sienten dolidos y desesperanzados ¿Cómo así que la sal se corrompe? No voy, sin embargo, a reiterar lo dicho sobre la corrupción en las campañas electorales del Presidente de la República y del Consorcio Odebrecht, ni a la contratación estatal a lo largo de la geografía colombiana, ni aun cuando corresponda con lo que luego aquí se dirá, la que involucra a los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia ya suficientemente reseñados y en manos de quien los deben juzgar ojalá con ejemplarizante rapidez (¿) y dureza.  
La corrupción es un procedimiento que no siempre constituye delito, porque en ocasiones, por desgracia en muchas, no es descubierto y como consecuencia castigado, infecta a la administración pública y a la empresa privada. Hablar de ella en general es una tarea amplia y extensa para un artículo, por lo que habrá de limitarse a la administración de Justicia. Empecemos por afirmar lo obvio, que el acto tiene dos protagonistas el funcionario corrompido, y el individuo que corrompe. Este último es un engendro, un Yago redivivo que termina por crear sus propios principios: “Que todo es posible y todo se puede comprar”. Este mal, que parece connatural a la condición humana, se agudiza con el dinero fácil, por caso el del narcotráfico, la minería ilegal y el dinero público utilizado como propio - al frente el individuo, generalmente un funcionario, que termina seducido por la oferta en dinero, bienes, mejora salarial o un ascenso. Esta, que es una trama que puede afectar a la administración pública e igualmente a  la empresa privada, también se da en la justicia y, no es nada nuevo, pero aquí hace más ruido porque es más grave que se corrompan aquellos que deben juzgar. 
Tampoco se puede olvidar que es individual y, por sí sola no afecta al órgano, pero crece como una telaraña o un magma que absorbe nuevos individuos y termina con infectarlo todo; preocupa que so pretexto de este nuevo escándalo se pretenda hacer tabla rasa y proceder contra las instituciones, se arrase con todo, cuando, como pretendo demostrar, existen instituciones, procedimientos y funcionarios que deben permanecer y mantenerse. Ese encuentro entre el seductor y el corrompido (porque ya lo es o está a punto de serlo) es imposible impedirlo de manera absoluta, terminante y permanente. Esta conclusión tan radical tampoco conduce a la inmovilidad toda vez que es posible limitarlo y controlarlo. A los empleados y funcionarios se les nombra por su capacidad y conducta, han dado prueba de sus conocimientos y ofrecen una hoja de vida sin mácula y, luego aparecen estos cortocircuitos que alertan que algo está fallando en la escogencia o en el control y debemos pulir unas y mejorar las otras.
Frente a la corrupción de ahora llevar la investigación hasta el fondo, sancionar los responsables con dureza pero sin exageraciones. Levantar todas las sábanas para que entre el aire y no se quede nada sin investigar. Los procedimientos que al final se impongan, no deben empezar por derruir. Será profunda pero sin destruir, se debe proteger lo sano, que también es mucho. Mi estudio se propone demostrar la limpieza en los nombramientos de jueces y magistrados de tribunales que son escogidos por méritos, y no digo que muchos de los que llegan a las Altas Cortes no los tengan, solo que aquellos están sometidos a unos procedimientos que les llevará a quienes designan, la certeza de que están preparados para los cargos, su designación se hace también por el superior sin intervención de otro órgano. Se demostrará que, con los procedimientos dispuestos para su nombramiento queda al menos garantizada la limpieza en su escogencia. Sin que por ello podamos decir que quedan blindados contra la corrupción, porque la sola garantía de un buen procedimiento en la escogencia no es suficiente. Si no se tienen valores y principios cualquier nombramiento puede conducir al ilícito por lo que es preciso vigilar y en algún caso, ojalá muchos, impedir y castigar. Esta melodía inconclusa, este vigilar y castigar permanentes sin término o final, no nos puede llevar a concluir que estemos de acuerdo con el expresidente Turbay cuando dijo que reduciría la corrupción a sus justas proporciones, porque desde luego no hay una proporcionalidad, no podemos decir: hasta aquí, ya está bien, no, habrá que ser persistentes sabiendo que la lucha contra este flagelo no termina jamás.