Preocupa mucho lo que viene ocurriendo con la justicia. Por un lado los índices de favorabilidad y de credibilidad cada vez son más bajos y por el otro, algunos de quienes han ocupado las más altas dignidades de la rama judicial, hoy se encuentran en serios aprietos con la justicia. Cabe destacar que en general nuestros jueces y fiscales son personas probas y honestas que imparten justicia de manera imparcial. Flaco favor se le hace a la justicia, cuando se generaliza respecto del comportamiento de sus funcionarios. 
Ante tal situación, todos los días se especula acerca de los caminos para llevar a cabo una reforma a la justicia. Los unos hablan de asamblea constituyente, otros de un referendo constitucional y hay hasta quienes piden la renuncia colectiva de los magistrados de las cortes. 
Soy de aquellos que piensan que no podemos quedarnos estáticos viendo como la principal rama del poder público se desmorona, y por tanto creo firmemente en la necesidad de hacer algo urgente. No comparto el argumento de quienes señalan que por estar al final del gobierno y próximo a unas elecciones nacionales, entonces no debe hacerse nada. Al contrario, se hace necesario impulsar reformas de fondo que permitan superar este mal momento.
No se puede perder tiempo valioso, por eso creo que las principales reformas deben ser las siguientes:
1. Eliminar las facultades electorales de las cortes. Si algo salió mal en la Constitución de 1991, fue asignarle este tipo de funciones a las Altas Cortes; entre otras razones porque son ajenas a la función jurisdiccional, politiza a los magistrados y los desvía de su principal competencia de impartir justicia.
2. Crear un tribunal que investigue y juzgue a los aforados constitucionales. Es evidente que la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes no tiene los dientes suficientes para investigar magistrados y es muy poco probable que termine sancionando a alguno de sus imputados. De otro lado, la constitución estipula un antejuicio político para aforados, previo al proceso penal, lo que hace aún más difícil una sentencia pronta.
3. Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Son varios los intentos hechos en los últimos gobiernos, tendientes a eliminar lo que es el ente máximo de administración de la rama judicial. Sin lugar a dudas se hace necesario un órgano de gobierno judicial menos político y más gerencial.
4. Acceso a la justicia y celeridad judicial. La morosidad en los procesos judiciales es igual a una denegación de justicia y hace que muchos ciudadanos no acudan a ella o prefieran hacer justicia por su propia cuenta.
Estas reformas deben ser fruto de un gran acuerdo entre todas las ramas del poder público a fin de enviar un mensaje claro a la sociedad colombiana. El pesimismo y la desconfianza ciudadana se superan con acciones precisas en la lucha contra la corrupción.