El próximo 12 de julio entra en vigor la Ley 1826 de 2017, más conocida como la ley de pequeñas causas. En concreto, dicha norma busca combatir con mayor severidad y agilidad aquellos delitos que se cometen a diario en las calles de Colombia, y que suponen gran parte del 95% de la impunidad que ronda en el país. 
Conductas como el robo de celular, las lesiones personales, la inasistencia alimentaria, la estafa, el abuso de confianza, etc., son casi la mitad de las noticias criminales que se registran anualmente. La referida ley -de la cual fui ponente-, busca que los procesos que se adelanten en el futuro por este tipo de delitos, se tramiten en la mitad del tiempo que duran actualmente. Y es que no tiene sentido que un simple robo de celular o atraco callejero, termine no solo en la impunidad, sino, que se demore años en investigar y condenar al delincuente -mucho menos cuando el criminal es capturado en flagrancia-. No puede ser aceptable que una persona detenida con las manos en la masa termine en la calle por vencimiento de términos. Se espera que una vez en vigencia la ley, un proceso de esta naturaleza no demore más de 6 meses y las víctimas puedan obtener reparación en un tiempo similar.
En el caso preciso de la inasistencia alimentaria, esta ley les entrega unas herramientas muy útiles a las madres ante la irresponsabilidad de los padres que no suministran los recursos suficientes para el sostenimiento de sus hijos. A través de abogado, ellas mismas podrán agilizar las denuncias, aportando y practicando pruebas que permitan exigir rápidamente la obligación de los progenitores.
Ante el registro de que, en muchos casos, las víctimas no denuncian por miedo o amenazas del agresor, o por desconfianza en la justicia, esta ley le da facultades a la Policía Nacional para presentar las denuncias directamente, cuando la víctima se encuentre en imposibilidad física o mental de hacerlo.
Otro elemento importante de la ley es que castiga con severidad a los criminales reincidentes. Es fácil deducir que quien es capturado en varias oportunidades por la misma conducta, seguirá delinquiendo si no es puesto a buen recaudo por las autoridades. (En el año 2016, cerca de 245 mil personas fueron capturadas, y de ellas, más de 90 mil eran reincidentes, algunos hasta 20 veces). Esos hampones, que cometen a diario delitos y saben que si los capturan a las pocas horas están en las calles delinquiendo, en el futuro podrán ser declarados peligro para la sociedad y no permitirles ningún tipo de libertad condicional por parte de los jueces. En concreto, serán más rigurosas las medidas para evitar excarcelaciones de quienes permanentemente están haciendo fechorías.
Con el señor fiscal general de la Nación venimos recorriendo el país, a fin de explicar los alcances de la Ley 1826, tanto a fiscales, jueces y abogados, como a la sociedad en general. Hace unas pocas semanas estuvimos en Manizales, en especial, explicando las herramientas que la citada norma les entrega a las víctimas para hacer valer sus derechos. Esperamos que la entrada en vigencia de tan importante iniciativa reduzca los índices de criminalidad y permita mejorar la confianza ciudadana en la justicia.