Hace pocos días en el Congreso de la República fue aprobado un proyecto que busca beneficiar a cerca de 30 mil campesinos colombianos, en su mayoría pequeños productores, cuyas deudas son cada vez más impagables y que ven en riesgo sus tierras a raíz de la dificultad económica por la que atraviesan. El citado proyecto, del cual soy autor y que fue titulado “Por medio del cual se adoptan medidas en relación con los deudores de los programas Pran y Fonsa”, solo le resta sanción presidencial para ser Ley de la República.
La historia data desde hace varios años cuando el Gobierno impulsó dos programas para el sector rural denominados Pran (Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria) y Fonsa (Fondo de Solidaridad Agropecuario). El primero tendiente a “reactivar el sector rural colombiano que por diferentes causas presentó en la década de los 90 serios problemas en los diferentes aspectos que tienen incidencia en su desarrollo y que produjo una seria crisis de carácter financiero entre los productores del campo como consecuencia de la falta de capacidad de pago de sus obligaciones financieras en el sector bancario y de crédito institucional”. El segundo “busca otorgar apoyo económico a los pequeños productores agropecuarios y pesqueros para la atención y alivio parcial o total de sus deudas, cuando se presenten problemas en las mismas por problemas climatológicos, fitosanitarios o plagas, o notorias situaciones de orden público”.
Actualmente cerca de 30 mil campesinos beneficiarios de los citados programas -de ellos 18 mil cafeteros y cerca de 3 mil en Caldas- están a punto de perder sus tierras como consecuencia de los embargos que sobre ellas recaen, dado que la ola invernal frustró sus cultivos, nunca lograron cosechar sus productos y por tanto no pudieron pagar sus créditos. Hoy en día además de que perdieron sus cultivos y su fuerza de trabajo, se encuentran endeudados y sin posibilidad de acceder a créditos para resolver su situación. Como están las cosas, los intereses, honorarios de abogados, y las costas judiciales, elevarán estas deudas dejando sin posibilidad alguna de pagar a quienes hoy son deudores de estas obligaciones.
El objetivo del proyecto es suspender cualquier cobro judicial e impedir que se puedan presentar demandas ejecutivas en contra de estos campesinos. Es decir, se restringe la posibilidad de embargar las tierras y por ende llegar a un remate de las mismas. De otro lado, la iniciativa establece un plazo de dos años, en el cual los deudores pueden llevar a cabo el pago de sus obligaciones sin cargos extras por concepto de honorarios, costas judiciales y seguros.
No entiendo a quienes se oponen a este proyecto predicando que fomenta la cultura del no pago, entre otras razones, porque en este caso se trata en su mayoría de campesinos de escasos recursos que por física pobreza no tienen cómo pagar sus deudas. Actualmente, cuando el gobierno viene promoviendo proyectos para el acceso a la tierra, viene muy bien una ley que alivie la situación de miles de cultivadores que están en serios aprietos.
Esperemos que el Presidente sancione lo más pronto posible este proyecto de ley, a fin de que Finagro proceda a suspender los cobros judiciales y embargos que cursan actualmente y por el contrario se abran líneas que permitan dar soluciones de fondo a tantos campesinos que reclaman ayuda del gobierno nacional. Proyectos de esta naturaleza sí son hechos reales de apoyo al campo colombiano y de reivindicación de quienes sin duda son los que más han soportado la dureza del conflicto.