“Por un país al alcance de los niños” hace parte del documento denominado Colombia: al filo de la oportunidad, escrito por Gabriel García Márquez en 1994 a manera de conclusión del trabajo de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo integrada por un grupo de diez intelectuales y científicos colombianos que por invitación del entonces presidente Cesar Gaviria, se reunieron para pensar, reflexionar y esbozar soluciones a problemas sociales como los que hoy unen a las comunidades universitarias del país.
Este bello propósito convertido en recomendación para el gobierno planteaba en sí mismo la necesidad de acometer de forma rotunda y sin atenuantes la tarea de trabajar por la educación como componente insoslayable del desarrollo con equidad.
Si bien es verdad que Colombia ha mejorado sustancialmente en cobertura educativa en todos los niveles, también es cierto que en calidad seguimos muy rezagados con respecto a indicadores internacionales. Las razones de este atraso sustantivo derivan entre otras cosas de la precariedad de la infraestructura física de escuelas y colegios y de la carencia de tecnologías de la información y las comunicaciones que son mediaciones pedagógicas absolutamente necesarias si queremos competir en igualdad de condiciones con los modelos educativos más avanzados del mundo.
Haciendo eco de estas realidades inapelables, los dos últimos gobiernos han diseñado y puesto en marcha sendos proyectos encaminados a mejorar la infraestructura física de escuelas y colegios, y a dotar de internet a miles de establecimientos educativos de la periferia nacional.
A comienzos del segundo mandato de Juan Manuel Santos, siendo ministra de Educación Nacional Gina Parodi, se creó el Fondo de Infraestructura Educativa, (FIE), el cual se financió con un monto de recursos cercanos a tres billones de pesos. Se convocó a los Departamentos a participar de esa inversión bajo la condición de aportar con los municipios las contrapartidas suficientes para financiar los proyectos definidos por esas entidades territoriales. Caldas aportó una suma superior a los cien mil millones de pesos para construir y mejorar algo así como 20 establecimientos educativos de básica primaria y media, incluyendo varias Escuelas Normales.
De eso hace más de 6 años y las obras que debieron ser concluidas hace 4, no se han entregado todavía: el contrato que firmó el Ministerio de Educación para ejecutar el proyecto en casi todo el país con la firma portuguesa Mota Engil, fue liquidado por incumplimiento, (los niños de la Escuela del corregimiento de Samaria, Filadelfia, asumo, siguen recibiendo clase en un beneficiadero de café miserablemente adaptado como aula de clase)
Como si fuera poco, hace varias semanas la periodista Paola Herrera de la W radio, denunció que un contrato para instalar puntos de internet en 14.000 colegios de las zonas rurales más apartadas del país, al parecer estaba plagado de irregularidades: un asesor de la ministra TIC, Karen Abudinen, resultó ser empleado de una de las firmas contratistas, las pólizas de garantía extendidas por el Banco Itaú parecían falsas y se entregó sin mayor fórmula de juicio una anticipo de 70.000 millones de pesos que fue a parar en buena proporción a una banco de Estados Unidos.
Por iniciativa de la propia ministra el contrato fue caducado, la ejecución se encuentra en consecuencia suspendida y el avance hasta ahora no llega al 1% cuando la otra parte de la obra que fue contratada simultáneamente con la empresa Claro, está a punto de concluir y ser entregada.
En este caso se demuestra una vez más que el mejor y más efectivo control al poder descansa en la prensa libre; ningún órgano de control advirtió de estos problemas, ni siquiera la Procuraduría que acompañó desde un principio preventivamente el proceso. Lo único claro hoy es que este proyecto también está a punto de malograrse y miles de niños y jóvenes colombianos no van a contar oportunamente con estas fundamentales herramientas de aprendizaje, absolutamente necesarias en el mundo de hoy para asegurar una mínima calidad de los procesos educativos.
¿Cuál es la mayor estafa del mundo?, se preguntaba en un reciente artículo de opinión el intelectual venezolano Moisés Naim a propósito de la baja calidad de la educación que se entrega a buena parte de los 1.500 millones de niños y jóvenes que asisten a las escuelas y colegios en todo el mundo; la tesis que esboza es que escolarización no es lo mismo que aprendizaje. En otras palabras, “ir a la escuela o al colegio, y hasta obtener un diploma, no quiere decir que ese estudiante haya aprendido mucho.”
Los estudios demuestran que la retención en el sistema educativo está directamente relacionada con la calidad de los espacios materiales de aprendizaje; y que la brecha entre la educación de alta y mediocre calidad pasa entre otras cosas por el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
En este orden de ideas, también por hechos vinculados directamente con la corrupción, estamos siendo tremendamente ineficientes en materia de administración y ejecución del gasto público en educación. Los recursos destinados al sector más estratégico para el desarrollo del país, o se están perdiendo o se están malgastando. Y en el entretanto nos dicen los estudios PISA que, en materia de calidad educativa con la pandemia, somos uno de los países que más caemos en el escenario internacional.
Lejos estamos de tener un país al alcance de los niños.
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