Esta semana santa, de tan hondo significado para el pueblo cristiano, estuvo llena de acontecimientos que la convirtieron en una verdadera semana de pasión para muchos protagonistas de la vida pública colombiana: la padecieron con especial rigor el presidente Duque, el candidato Petro, el ministro de Defensa y el registrador nacional del estado civil, Alexander Vega:
Primero; el presidente Duque se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para defender su Política de Paz con Legalidad. Su intervención empezó con polémicas pues distintas organizaciones sociales criticaron la actuación del gobierno para impedir la participación de las víctimas del conflicto armado en la sesión.  Como lo registraron varios medios nacionales e internacionales, la presentación de Duque estuvo llena de imprecisiones, verdades a medias y erráticos juicios de valor sobre el proceso de paz. Aunque intervino después, no pudo contradecir con contundencia las afirmaciones del jefe de La Misión de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, en su correspondiente informe. A Duque le hicieron advertencias y reclamos, desde Inglaterra hasta Kenia y Albania, países que, en el almibarado lenguaje de la diplomacia, le reconocieron algunos avances en el Proceso, pero le alertaron con franqueza sobre la cantidad de asesinatos de firmantes del Acuerdo, el saboteo desde el Gobierno a las instituciones medulares del proceso y la agudización de la violencia en el país. El plato fuerte corrió sin duda por cuenta de la delegación rusa que le hizo graves admoniciones al Presidente. Esta delegación le lanzó varias pullas a Duque por hablar de Paz con Legalidad y no del Acuerdo de Paz; le recordó lassentencias de la Corte Constitucional que piden proteger a los firmantes de la paz, le criticó el retraso de su implementación y la ausencia de la sociedad civil en la rendición de cuentas.
Que se recuerde, ningún presidente colombiano había recibido nunca tal reprimenda en el más encumbrado escenario de la Organización de las Naciones Unidas.
Segundo, una vez más, el ministro de Defensa y las Fuerzas Militares no han podido explicar con claridad las dudas que han suscitado ciertos operativos militares: en uno de ellos, hace unas semanas, en la vereda Alto Remanso en el Putumayo, fallecieron como se sabe, 11 personas, entre ellas un niño y una mujer embarazada. Lo que hasta hoy se sabe con certeza es que murieron civiles en un aparente combate de las fuerzas militares contra disidentes de las FARC; ese es, sin atenuantes, un crimen de guerra. Se sigue poniendo en cuestión la inteligencia militar, miente otra vez el Gobierno en torno a unos episodios por lo menos dudosos que ojalá, ahora sí, sirvan para establecer responsabilidad política en cabeza del ministro Molano, quien hace rato debió renunciar, Tercero, después de tantas perlas encontradas en desarrollo del proceso electoral del pasado 13 de marzo, ahora nos sale el Registrador Nacional con que los votos embolatados no son ya 500.000 sino más de 1.000.000.
Todo un desmadre para la salud democrática de un país que se ahogó en sangre el siglo pasado por cuenta del fraude electoral. Grave situación ésta que deslegitima, aún más, nuestro maltrecho sistema político, y les entrega argumentos a los aplicados alumnos de Trump, que en Colombia están dispuestos a todo, con tal de no perder las elecciones presidenciales próximas.
Cuarto, Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, fue la semana pasada a la cárcel La Picota a visitar los presos del pabellón de los parapolíticos. Conversó con excongresistas y exgobernadores, todos condenados por actos de corrupción administrativa y paramilitarismo. Trascendió primero a los medios la charla que sostuvo con Iván Moreno, líder con su hermano Samuel, exalcalde de Bogotá, del cartel de la contratación a través del cual se embolataron, por corrupción, miles de millones de pesos. Lo que se ha sabido por boca de los mismos detenidos es que las conversaciones versaron en torno a una eventual reforma a la justicia que propondría un gobierno de Petro, que implicaría, entre otras cosas, rebajas de penas de entre un 20 y un 30 por ciento para esa clase de delincuentes. Todo, se asume, bajo la condición de que ganara Petro, con su ayuda, claro, porque no obstante estar en prisión, siguen siendo actores políticos relevantes, es decir, personas con votos.
Las reformas de la justicia en Colombia de los últimos años, en general han quedado mal hechas; y eso que han sido concertadas con las altas cortes y la academia. ¿Qué esperar entonces de una reforma a la justicia concertada ahora con los más avezados delincuentes de cuello blanco? ¿Qué tal que en un país donde banalizamos en exceso los atropellos de los criminales de toda laya, y nos indignamos poquito con los desafueros de nuestros personajes más corruptos, salgamos ahora con que lo que necesitamos es perdón social y no repudio colectivo contra quienes, por ejemplo, con sus actuaciones le quitan el pan de la boca, a los niños del Plan de Alimentación Escolar o matan sin piedad?
La semana de pasión que han vivido estos altos personajes de la vida pública colombiana no pasaría de ser una mera coincidencia temporal, sino significara una deriva más de la crisis moral, administrativa, política e institucional que sufre Colombia. Su valoración y significado tienen que ser asumidos por una ciudadanía reflexiva, informada y sensata que entienda que tiene con su voto la mejor oportunidad de cambiar todo lo que necesitamos cambiar.