El Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, dijo en un estudio reciente que “si bien las reformas tributarias lograron incrementar los ingresos del Gobierno, en general parecen hacerlo solo transitoriamente, mientras que el aumento del gasto público parece ser de carácter más estructural y tiende a ser inflexible…”. Esto quiere decir que los desafíos de financiar adecuadamente al Estado vienen más por el lado del gasto que de los ingresos como lo señaló en un reciente artículo Germán Vargas Lleras.
En Colombia en los últimos 10 años se han aprobado 11 reformas tributarias y con esta, la tercera del gobierno Duque, completaremos 12. Todas, sin excepción han cumplido las metas de recaudo. Desde el punto de vista estrictamente fiscal han sido exitosas.
Tanto gravitar en torno a la búsqueda de recursos fiscales, y conseguirlos, nos tendría que haber permitido alcanzar un Gobierno y un Estado con los más altos estándares de desarrollo, equidad, crecimiento, eficiencia y bienestar social. Pero no es así.
Y no es así porque han faltado gobiernos providentes; y porque el Estado sigue despilfarrando, y se extravía todos los días más en los meandros de la politiquería, el clientelismo y la corrupción; no hay controles efectivos, y está en crisis el Sistema de Representación Política.
En las discusiones, por demás muy confinadas a las organizaciones gremiales más influyentes y a ciertos círculos muy cercanos al Gobierno, solo se habla de los ingresos; de los gastos, en cuyo caso habría que plantear la discusión sobre profundas reformas institucionales, nada, o casi nada se ha dicho.
Habría que empezar por una reforma electoral que intente extirpar los más graves problemas de nuestro Sistema de Representación Política. Aparte otras consideraciones, digamos primero que los congresistas que se aprestan a discutir y aprobar esta reforma tributaria son los mismos que aprobaron, casi sin fórmula de juicio, con destacadas excepciones, dos reformas fiscales, la última de ellas en la hora más inverosímil, en una madrugada cuando ya había concluido el período de sesiones del año 2019.
En el origen de este tipo de comportamientos legislativos está nuestro Sistema de de listas abiertas que hace que los parlamentarios más que a un Partido, o a un sector de la opinión en particular, se representen solo a sí mismos.
De esa muy precaria representación de intereses, de la ausencia de un serio equilibrio de poderes, de una  burocracia no profesionalizada y cercana a  la política electoral, de unos procedimientos contractuales poco transparentes, de una descentralización territorial confusa, del control de mercado que ejercen ciertos conglomerados empresariales, de la inexistencia y opacidad de regulaciones a ciertas  actividades económicas cuasi monopólicas, entre otras fallas del Estado y del Gobierno, se desprenden problemas que afectan la eficiencia en la asignación de recursos, en su administración y en la provisión de bienes y servicios a la comunidad.
Sin duda, estas fallas afectan “la motivación intrínseca del ciudadano a pagar impuestos”, es decir, afectan lo que algunos han llamado “la moral tributaria”. Si el contribuyente está seguro de que el dinero de sus impuestos va a ser bien gastado, no lo van a despilfarrar o no se lo van a robar, seguramente no encontrará incentivos para evadir o eludir.
Los colombianos solo confían en altas proporciones en su familia y la mayoría creen poco o nada en las instituciones sociales y políticas, tales como el Gobierno, la Iglesia o el Ejército, según una encuesta reciente (Usaid).
Ahora cuando parece que vamos de regreso a la noche más oscura en materia de indicadores sociales y violencia, suena casi insultante que se nos quieran vender una propuesta de reforma tributara bajo el ampuloso título de “Proyecto de ley de Solidaridad Sostenible”, para aumentarle recursos a un Estado y a un Gobierno, cuya gestión está marcada, además, por la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la informalidad y la ausencia de crecimiento.
Una reforma fiscal estructural debe ir más allá de lo económico; tiene que involucrar los elementos políticos que hagan posible una profunda transformación del Estado.