Dicen que uno tiende a recordar con exactitud las condiciones de modo, tiempo y lugar, en que lo sorprende una noticia impactante.
Tengo muy clara en mi memoria la madrugada del 3 de noviembre de 1995 en Barcelona (España) cuando escuchamos por la radio del bus en el que nos dirigíamos al hotel después de una larga jornada de reuniones con rectores universitarios de varios países del mundo, la noticia sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. La conmoción fue muy grande y a los colombianos que estábamos ahí no se nos ocurrió ninguna explicación clara y suficiente que pudiera responder a los interrogantes atropellados de quienes nos preguntaban sobre el particular: Álvaro Gómez había cumplido con convicción de demócrata militante un papel muy destacado en el proceso constituyente que dio origen a la Carta de 1991, y aunque fustigaba con argumentos inapelables las perversiones de lo que llamó el “régimen” en medio de la profunda crisis del proceso 8.000, nada quedaba en él del dirigente radical que había combatido desde el Congreso la existencia de las que llamó “repúblicas independientes”, una de las cuales era el asentamiento de un pequeño grupo de autodefensas campesinas en el sur del Tolima que fue el origen de las Farc después del bombardeo ordenado por el Gobierno de Guillermo León Valencia a comienzos de la década del 60 del siglo pasado.
Las sin razones de esa madrugada se prolongaron por estos 25 años como ha ocurrido con otros muchos crímenes en la historia nacional: magnicidios ha habido bastantes en la historia del país; todavía seguimos especulando sobre cuáles fueron las causas y los determinadores del asesinato de Antonio José de Sucre en las montañas de Berruecos en la primera mitad del siglo antepasado.
La justicia ha fracasado por siglos en el esclarecimiento de los más grandes magnicidios que se han cometido en Colombia.
Como en todas las guerras también aquí la primera sacrificada es la verdad. La verdad judicial y la verdad histórica no han sido componentes visibles en el tortuoso trasiego de nuestros conflictos violentos irresolutos. Y sin esas verdades no son posibles ni la justicia, ni el perdón, ni el olvido, ni la reparación, ni la paz. No hay guerras limpias, y esta nuestra, irregular y muy larga, menos.
La verdad sana, pero también duele. Duele porque nos confronta con realidades terribles; o porque contradice hipótesis y convicciones que creíamos inamovibles: también hay verdades más tolerables y más llevaderas que otras.
Porque eso lo sabían los negociadores, el sentido del Acuerdo de la Habana hizo necesaria la elaboración de un aparato institucional en muchos aspectos inédito en Colombia y en el mundo: una Jurisdicción Especial para la Paz y una Comisión de la Verdad; estos son componentes fundamentales de esas nuevas reglas de juego que en conjunto lo que pretenden es garantizar el hallazgo de una verdad lo más completa posible.
Aunque hace más 15 días se conoció la autoincriminación de las Farc de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, no hay todavía, a juicio de una parte de la opinión, un veredicto concluyente sobre la certeza del anuncio.
Al mismo tiempo el país ha conocido las distintas conjeturas que sobre el crimen se ha planteado la investigación de la Fiscalía. Como un castillo de naipes han venido derrumbándose todas. Y naturalmente no han faltado las actitudes defensivas de quienes no aceptan contra toda razonabilidad que las hipótesis sostenidas por 25 años sobre los presuntos responsables del magnicidio, no eran acertadas.
A un fragmento de opinión histórica y desmemoriada le va quedando claro el monumental fracaso de la justicia ordinaria, y la lucidez de quienes concibieron la Justicia Transicional y la Comisión de la Verdad como instituciones destinadas a ayudarnos a exorcizar nuestros demonios y a reconciliarnos con el pasado para dar paso a la verdad como supuesto insoslayable de la paz.