El Estado Democrático de Derecho tiene en el equilibrio de poderes uno de sus fundamentos básicos. Su rompimiento nos acerca a la tiranía, al desprecio de los derechos, a los abusos del poder, y a la perversión de las obligaciones de la Administración.
La arquitectura institucional creada por la Constitución del 91, les entregó a distintos órganos del poder púbico el mandato de intervenir en la configuración de los más importantes organismos de control del Estado y del Gobierno.
La Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría acumulan un inmenso poder presupuestal y burocrático; deciden sobre los derechos y libertades ciudadanos y cautelan la transparencia de las acciones del poder político.
Semejantes responsabilidades bastarían para reclamar con firmeza innegociable la total independencia de los funcionarios que dirigen dichas entidades.
En un régimen presidencial de las características imperiales del colombiano, se impone la responsabilidad moral del primer mandatario de respetar la esencia del Estado de Derecho al momento de ejercer su poder discrecional, su capacidad nominadora y su derecho al cabildeo
Se debe presumir del jefe de Estado una posición de estadista que concilie el ejercicio de sus competencias con la obligación de garantizar el bien general para el país.
En Colombia hace mucho rato los presidentes participan impúdicamente en la selección de las más altas cabezas de los órganos de control. La lascivia del poder no les ha permitido guardar prudente distancia frente a las competencias de otros órganos del poder público en materia tan delicada.
Cuando quienes dirigen esas entidades carecen de independencia, terminan siendo funcionales a los gobiernos (porque la historia es la misma en las entidades territoriales), y a los intereses de los congresistas, que no a los del Congreso o a los de los partidos como legítimos transmisores de las inquietudes de la comunidad frente al Gobierno.
De cara al agobio de la corrupción y los repugnantes índices de impunidad y violación de los derechos humanos en Colombia, la respuesta institucional ha sido muy precaria. Razón suficiente para ponderar con extrema seriedad la configuración y funcionamiento de los organismos encargados de manejar, gestionar y tramitar dichos asuntos.
Si el presidente hubiera querido ser consecuente con su discurso y darles a sus decisiones en este aspecto un tratamiento serio y responsable, habría considerado además de las condiciones de subalternidad y compadrazgo estudiantil y político de los postulados, sus atributos de sensibilidad, preparación y compromiso frente a los temas relacionados con sus cargos.
Más delicado aún, no hubiera hecho trizas los sistemas de pesos y contrapesos y de equilibrio de poderes, consustanciales con la existencia de un verdadero Estado Democrático de Derecho.
No bastaba con atenerse a las reglas de juego, a las instituciones, a los procedimientos: había que consultar su intencionalidad que en este caso no era otra que la de proteger como bien supremo la plena vigencia de la democracia en términos de garantía de una correcta repartición del poder entre los distintos órganos del Estado.
Ah, y como nadie atenta impunemente contra el espíritu de las instituciones, nos cuentan que casi 20 senadores que participaron en la elección de la procuradora salieron positivos para covid-19.