Sin mayores solemnidades, el pasado 4 de julio se conmemoraron 30 años de la expedición de la Constitución de 1991. Una extraordinaria movilización social encabezada por los estudiantes bajo el lema “por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa” a finales de los 80, logró abrir los candados que cerraron durante muchos años la posibilidad de reformar la centenaria, y para muchos, arcaica, autoritaria y confesional Constitución de 1886.
Su parto se abrió camino en una de las épocas más trágicas de la historia nacional y su promulgación vino a ser como el gran remedio a los males nacionales. Fue para la mayoría una respuesta a la necesidad de alcanzar la paz a partir de una profunda reforma a la arquitectura institucional del Estado, capaz de proteger los derechos, consolidar un modelo económico sostenible social y ambientalmente hablando, desarrollar un nuevo ordenamiento territorial del Estado que asegurara la descentralización, profundizar la democracia y hacerla más directa, modernizar la justicia, y lograr, en síntesis un Estado eficiente capaz de atender las demandas de los asociados.
Porque la Carta ha tenido en estos años 55 reformas y porque muy buena parte de sus propósitos esenciales no han tenido desarrollo por parte del Congreso, la gente asume que ella ha sido una promesa incumplida y que no ha logrado ser el instrumento eficaz para modernizar a Colombia y alcanzar la paz, pues salvo algunas instituciones como la Tutela, el Banco de la República y la Corte Constitucional, poco habría que destacar.
En materia de descentralización, por ejemplo, ha habido más retrocesos que avances: por efecto de los actos legislativos de 2002 y 2014, las entidades territoriales dejaron de percibir 108 billones de pesos y cada vez es mayor el desequilibrio entre el gobierno central y los gobiernos regionales.
La prolija carta de derechos de la que nos enorgullecemos frente al mundo, no ha logrado cristalizar su mandato; los derechos fundamentales empezando por el de la vida, no han tenido plena protección y aunque la tutela acude en ese propósito, oíamos esta semana de boca del presidente de la Corte Constitucional que las decisiones de los jueces constitucionales no se cumplen en más del 60% de los casos. Ocurre igual con los derechos económicos y sociales de cuyo desconocimiento hablan inapelablemente los datos del coeficiente de Gini y del aumento de la pobreza.
Con relación a la Justicia, tanto la Fiscalía como la Procuraduría y la Defensoría hoy son consideradas simples apéndices del Ejecutivo, consecuencia del rompimiento del equilibrio de poderes, propiciado por este Gobierno que lo pudo hacer gracias a la herencia de la funesta reforma que hizo posible la reelección presidencial. Este marco institucional hizo inevitable el vergonzoso cartel de la toga, y no ha convertido en oportuna y eficaz la Justicia hasta el punto de mantener la impunidad rondando el 90%.
La pérdida de la curul de la representante a la Cámara Angela María Robledo demuestra que otro componente fundamental de la consolidación democrática, idea central de la Carta del 91, el estatuto de la oposición, no se ha desarrollado suficientemente.
“La Constituyente falló al no meterse a fondo con el sistema político…”el Congreso se ha convertido en el mayor obstáculo para las reformas” dijo Juan Fernando Cristo ahora precandidato presidencial por la coalición de la Esperanza en el acto de lanzamiento del movimiento En Marcha, el jueves de la semana pasada. Se refería al déficit de desarrollo de muchos mandatos del texto constitucional, entendido como la dificultad para aprobar las normas que le dan contenido material a los ideales allí escritos.
“La Constitución es un texto que uno puede leer con mucho regocijo desde el punto de vista de un ideal utópico de una sociedad mejor, pero no tiene la virtualidad de transformar la sociedad sin esa voluntad política que la ponga en marcha” (Carlos Gaviria entrevistado por la Universidad Industrial de Santander cuando la Constitución cumplió 20 años).
Ha faltado voluntad política para convertir la Constitución de 1991 en lo que debe ser toda Carta Fundamental: un camino para asegurar la prosperidad, la paz y la felicidad de una nación.
“Lo cierto es que el texto de 1991 fue un hito histórico, casi incomprensible, en especial porque lo avaló la misma clase política que se ha dedicado los últimos 30 años a destruirla” (Ana Bejarano Ricaurte, Los Danieles, 04-07-21). Por eso, entre otras cosas, es imperativo reformar el Sistema Político.