Los resultados de una encuesta reciente nos revelan el drástico deterioro de la imagen de los altos funcionarios del Estado; al parecer la gente tampoco está contenta con el comportamiento de buena parte de las instituciones públicas del país. Ha mermado la confianza ciudadana, y baja el ánimo de los consumidores. Ya no somos el país más feliz del mundo nos dice otro sondeo publicado por estos días.
La pandemia se recrudece, los datos sobre el comportamiento de la economía son muy desalentadores y los pronósticos en general son grises tirando a negros. El gobierno aparece errático, los órganos del poder público no se ven sintonizados con los desafíos de la hora, ha faltado control político y jurisdiccional, y la sociedad asiste perpleja y desorientada a la evolución de una crisis que se complica.
En el entretanto, un estudio reciente del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha venido a plantear importantes interrogantes sobre la manera como el Gobierno ha manejado hasta el momento los recursos destinados a la emergencia. La universidad, de nuevo en su papel de conciencia crítica de la sociedad, hace su tarea y se pone por encima del lánguido papel que han venido desempeñando el Congreso y los órganos de control.
El informe empieza por decir que, en materia de salud, el Gobierno ha venido dando información de buena calidad, centralizada y clara, no así en cuanto a los recursos destinados al manejo de los recursos públicos destinados a cubrir las necesidades generadas por la pandemia porque “no existe un mecanismo institucional centralizado, claro y detallado en el que se exponga la magnitud de los recursos empleados, sus fuentes de financiación y su destinación específica”.
No existe un plan de gasto detallado como respuesta a la pandemia que pueda ser conocido por el público y en mucho dependemos de la información desorganizada, vaga, y a veces contradictoria que suministran sobre todo a través de los medios de comunicación, los alto funcionarios del Estado.
Algunos datos que se desprenden del informe: supuestamente el gobierno ha destinado el 11% del PIB a atender las necesidades de la pandemia cuando en realidad el 60% de ese monto son garantías de créditos, no recursos directamente destinados a la atención de la emergencia; y precisamente con relación a ese primer dato, han existido inexplicables contradicciones entre lo que ha afirmado el ministro de Hacienda en un debate de control político en el Congreso el pasado 29 de abril cuando dijo que a la fecha se habían invertido recursos del orden de los 30 billones de pesos, y lo que dijo el viceministro en el marco de una alocución presidencial al asegurar que esa inversión dispuesta era del orden de los 117,2 billones (11% del PIB). Esa diferencia de 80 billones, como lo asume el estudio puede tener origen “en la inclusión de 60,2 billones en capacidad de colocación de garantías de crédito, lo cual no constituye un gasto del Estado sino apenas una garantía en caso de que quienes reciban los créditos, no los paguen”. 
En materia de creación de condiciones reales para el control social, agrega el informe, no existe una plataforma centralizada de consulta pública en la cual se divulguen los planes de gastos para conjurar la crisis, lo que dificulta su entendimiento para quienes no están familiarizados con la contabilidad del Estado. Las operaciones del Ministerio de Hacienda al gastar directamente y transferir recursos o contratar con otras entidades han sido reportadas al público con una precisión apenas aceptable, dice.
Cobertura en salud, atención humanitaria inmediata, dificultades de la inactividad económica y funcionamiento del sistema financiero son los cuatro frentes en donde de acuerdo con todas las disposiciones legales y declaraciones periodísticas, se han invertido los recursos, que sumarían esos 30 billones de pesos.
“No hay certeza de la magnitud de los recursos dispuestos ni de sus fuentes de financiación, y no hay certeza tampoco de cuáles han sido los gastos efectivamente realizados” concluye el estudio al que por demás se ha hecho muy escasa referencia en los remedos de control político que ha adelantado con pereza el Congreso de la República.
De lo que sí tenemos absoluta certeza es que aquí, después de más de 100 días de cuarentena, dos emergencias económicas, sociales y ecológicas, dos días sin IVA, y muchos programas aburridos del presidente por televisión, lo peor está por venir. Ah, y el control de paseo.