La Comisión de la Verdad, consolidó un conjunto de hallazgos, recomendaciones y aprendizajes, en el Informe Final del pasado 28 de junio de 2022, asuntos que se expresan a través de narrativas, acciones, procesos y productos, donde señala que la Violencia en Colombia, además de desapariciones forzadas, secuestros y reclutamientos, cobró 450 mil muertes entre 1985 y 2018, perpetradas por paramilitares (45%), guerrillas (27%) y agentes estatales (12%). Veamos algunos aspectos y propuestas de este proceso que posibilita el futuro de Colombia.
Sobre la premisa de que “Hay futuro si hay verdad”, se construyó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc, para ponerle fin a una guerra de seis décadas que afectó al 20% de los colombianos, en la que se reclutaron entre 26.900 y 35.641 niños, niñas y adolescentes entre 1986-2017, donde el 49% de las víctimas fueron mujeres y el 18% miembros de comunidades étnicas, y en el que despojaron de sus tierras a 32.812 personas. Según este Informe que ha recibido algunas objeciones por sesgos ideológicos extremos, las heridas de las víctimas pasan por la democracia, los derechos humanos, el Estado y la cultura.
 Aunque llama la atención que en Colombia las violaciones masivas de derechos humanos se hayan dado en un país democrático, con leyes garantistas y medios de comunicación independientes, aunque el periodismo de investigación y las organizaciones de derechos humanos contribuyeron para visibilizar las atrocidades de las violaciones sistemáticas y la enorme crisis humanitaria, para la Comisión no se dio una revuelta política dada la responsabilidad del Estado gravemente comprometida, ya por la magnitud de la violencia, o el miedo y también por la falta de sensibilidad, sumados al ocultamiento de hechos que no fueron vistos como violaciones de derechos humanos. 
En el cuatrienio, se realizaron 14.000 entrevistas y conversaciones con 30.000 personas, gracias a un proceso de escucha amplio y plural, asertivo y reparador en sí mismo, y transformador para los involucrados y en particular para las víctimas que por primera vez una entidad del Estado trata como ciudadanos sujetos de derechos. El conflicto visto como un entramado de alianzas, actores e intereses, le permitió observar a la Comisión de la Verdad, que las responsabilidades sobre los hechos de violencia, estados de sitio, torturas, secuestros y masacres, que inundaron de sangre los campos y la conciencia colectiva, van más allá de quienes empuñaron las armas. 
Así los traumas sean acontecimientos violentos que dejan marcas indelebles en la conciencia colectiva y en la identidad comunitaria, según el documento, también se ha reivindicado la memoria para dignificar su legado mediante este proceso fundamental para que las personas se hagan conscientes de que, si bien la violencia trató con desprecio la vida, ahora como sujetos de derechos pueden adquirir una imagen positiva de sí mismos, y una autoestima que revaloriza su identidad. En la escucha realizada a víctimas, responsables y otros sectores, se asomaron señales de esperanza que contribuyen a elaborar el duelo colectivo.
Ahora, dados los hallazgos de desaparición forzada como práctica sistemática de la fuerza pública y grupos paramilitares entre 1999 y 2016, según Justicia y Paz al considerar que además de guerrilleros, terroristas o narcotraficantes, para enfrentar conflictos sociales y políticos, también victimizaron campesinos, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes y estudiantes, y persiguieron a quienes denunciaron abusos, la Comisión de la Verdad tras una profunda crítica que responsabiliza a militares y al Estado, hace recomendaciones sobre la seguridad, y sugiere ajustar la estructura de las Fuerzas Militares y de la Policía separando este cuerpo del Ministerio de Defensa, y apostarle a la paz.
Además de recomendar regular drogas y no usar glifosato, para la paz territorial sugiere la Comisión corregir las grandes desigualdades y cerrar brechas mediante estrategias de descentralización y autonomía territorial, y garantizar el acceso equitativo, democrático y ambientalmente sostenible a la tierra, revirtiendo la alta concentración de su propiedad. Y para establecer mecanismos que garanticen la seguridad y soberanía alimentarias, y la pervivencia y bienestar de las comunidades, en los territorios, además de prevenir conflictos de uso de suelos, subsuelos y cuerpos hídricos, recomienda garantizar los servicios ecosistémicos esenciales, y la disponibilidad de tierras de cultivo.