Cuando en medio de incoherencias políticas, desde el pasado 5 de enero asume el nuevo parlamento venezolano, podríamos señalar el desbarajuste de un país que, después de dos décadas de un proceso en el que se desmontaron las estructuras de un sistema cuasi totalitario, a sus dos presidentes y a un doble sistema judicial, se suman ahora dos parlamentos cerrando la tarea de la revolución chavista, hecho con el cual la oposición venezolana pierde su mayor trinchera, y se debilita la estrategia encabezada por Juan Guaidó para derrocar a Nicolás Maduro, así las elecciones sólo hayan contado con una participación del 31%, resultado con más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015 ganadas por la oposición.
A eso ha llegado el Socialismo del Siglo XXI defendido en sus inicios por la izquierda latinoamericana, que lo justificaba como una excentricidad macondiana, y cuyo balance actual pasa por 165 medios de comunicación cerrados según el Colegio Nacional de Periodistas, y por una inflación que al ubicarse en el 1,7 millones % en 2018 ha sido la más alta en la historia, a lo que se suman las violaciones persistentes de derechos humanos, con represión a sus defensores y restricciones a su trabajo, lo que explica la aparición de Venezuela en la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente al que el gobierno de Maduro le cerró puertas en 2020 para impedir un monitoreo que debió efectuar desde Cúcuta.
Como marco referencial, cuando en mayo de 2018 la oposición en Venezuela no se presentó a las urnas para unos comicios, por considerar fraudulentas las elecciones,  se decidió que Juan Guaidó se proclamara presidente interino como líder de la Asamblea Nacional, agravándose así la crisis política que sufre este país desde hace años, máxime cuando el Tribunal Supremo de Justicia cercano al Ejecutivo de Nicolás Maduro, en 2017 al considerar que la Asamblea Nacional estaba en desacato, para cercenar todo su poder de control y de legislación, da vía libre a un Golpe de Estado que consolida la dictadura de Nicolás Maduro.
Ahora, la gravedad de los hechos señalados, es que la Asamblea Nacional democráticamente elegida por última vez en las elecciones de diciembre de 2015 que desconoció el régimen, fue el órgano legislativo legítimo de la Constitución venezolana, diseñado e impulsado por el propio Chávez, y que Maduro como presidente del país está obligado no sólo a reconocer, así los resultados que la conformaron dieran una abrumadora victoria a la oposición, sino también a colaborar institucionalmente con el poder legislativo por el bien y la gobernabilidad de Venezuela.
Mientras el régimen exhibe como un éxito la gestión de la crisis del Covid-19, asociaciones médicas y la oposición denuncian la falta de transparencia, y que la capacidad de diagnóstico no llega a 100 pruebas diarias, explicando así por qué la  curva de la evolución de los casos de Venezuela no se parece a ninguna de la región: es rectilínea, con días en los que no se reportan eventos. Con una economía en ruinas y un sistema de salud colapsado, cuando la llegada del coronavirus sorprende al país, que sin defensas vive de emergencia en emergencia, el chavismo no puede hacer un uso político de la enfermedad.
Súmese al anterior escenario el grave fenómeno de la migración sin precedentes de Venezuela, por tratarse del desplazamiento de personas vulnerables más numeroso y rápido del mundo después de la crisis siria, que según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2016 hasta 2019 dio cuenta de 4,6 millones de venezolanos que han abandonados país, el 80% de ellos hacia Latinoamérica siendo los principales receptores Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
Finalmente, respecto a la legitimidad del nuevo órgano legislativo, pese a la gran polarización política, en el marco de un estado de derecho y de respeto absoluto a los derechos humanos, habrá que propiciar diálogos y negociaciones serias entre todos los actores de Venezuela, para construir un gran acuerdo nacional orientado a la formulación de un plan de acción concertado, integral y de largo plazo, como opción para resolver los múltiples retos del país, incluyendo en la agenda temas sustantivos cómo petróleo, hiperinflación y estabilidad política.