En Colombia, el segundo país latinoamericano en abundancia de agua y el segundo más biodiverso del mundo, sabiendo que solo tratamos el 11% del agua utilizada y que hemos deteriorado 27 tipos de ecosistemas de 85 identificados, caben dos preguntas: dadas las problemáticas relacionadas con minería ilegal, deforestación, pérdida de ecosistemas y contaminación de ríos y suelos, ¿cómo enfrentar los conflictos socioambientales?; y, para no dejarle a las siguientes generaciones montañas deforestadas y erosionadas, y ríos contaminados y sedimentados, en un patrimonio natural cuya degradación se traduciría en desastres, ¿qué hacer para reducir pasivos ambientales?

Como referente, un par de imágenes para ilustrar el problema colombiano: la primera, en el escenario urbano de la capital del país con siete millones de habitantes, que depositan a diario 6.400 toneladas de basura al relleno sanitario y que han convertido el río Bogotá en una alcantarilla, por la desbordada ocupación conflictiva del territorio en los fértiles suelos de la sabana, que en beneficio del mercado presiona la estructura ecológica secando humedales y arrasando reservas forestales; y la segunda para el medio rural en el Cauca, uno de los departamentos más azotados por la violencia que vive el país, por la implantación de un modelo de explotación agresiva de recursos mineros desconociendo derechos ancestrales y prácticas tradicionales del territorio, y la imposición de semillas transgénicas en detrimento de las nativas, que al entrar en conflicto con la dignidad y supervivencia de comunidades indígenas y afrodescendientes, estimulan los cultivos ilegales y dinamizan el problema.

Pero a la compleja problemática ambiental de Colombia, se suma ahora otro desafío: la amenaza del cambio climático, uno de los problemas más importante de nuestros tiempos relacionado con un modelo de desarrollo energívoro y consumista, que presiona e instrumentaliza la naturaleza a costa de los servicios ambientales y de la biodiversidad, y cuyo desafío supera las diferencias culturales y económicas de las regiones del país, a tal punto que el MADS y las demás instituciones afines han debido formular planes y estrategias que enfrenten dicho problema, cuya responsabilidad es de todos.

Habrá que acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias y a bajo costo, reconvertir los sistemas de producción incorporando tecnologías amigables con el medio ambiente, y proceder a una gestión eficiente en el uso y manejo de suelos de cultivo y de aguas superficiales y subterráneas, que le ponga límites al mercado e involucre la cultura del saneamiento. Proteger los ecosistemas como bienes comunes de interés general, por ser soporte de la regulación hídrica comprometida por la deforestación y de la calidad del agua afectada por sedimentos y vertimientos, garantizaría un ambiente sano si dicha gestión, además de blindarse en políticas públicas, en el fortalecimiento institucional y en el cumplimiento de la ley, incorpora educación, investigación e incentivos.

En el caso de Manizales, la preocupación debe pasar por nuestras reservas forestales en las cuencas abastecedoras, amenazadas por megaproyectos mineros y urbanísticos que violan sus derechos bioculturales, al poner en riesgo los servicios ambientales y las especies que albergan; y en el de Caldas, por el alto nivel de deforestación fruto de un uso conflictivo del suelo en su escarpado territorio, donde al 2010 las coberturas en pastos y rastrojos del 40% contrastan con un precario 22% en bosques. Añádase, que los ríos Chinchiná, Otún y Quindío, entran en el top 10 de los más contaminados de Colombia, dados los vertimientos industriales y domésticos, y la huella hídrica gris de las zonas de producción ganadera, agrícola y minera.

Que sea esta la oportunidad para mencionar un proyecto fundamental e histórico para la historia ambiental de Manizales: la PTAR que se proyecta en los Cámbulos para tratar las aguas servidas del sur de la ciudad, ladera que recibe 2/3 de la carga contaminante urbana estimada en cerca de 30 toneladas diarias, distribuidas así: 20 de origen residencial vertidas por igual a las cuencas Olivares y Chinchiná, y 10 más provenientes de la zona industrial. ¿Será conveniente unificar tratamiento de aguas en la misma PTAR incorporando el riesgo de socializar costos a través de tarifas compartidas entre ciudadanos dispuestos a recuperar el río, e industriales que podrían tratar aparte sus propios vertimientos?