Un flujo de capital desde las economías emergentes hacia las robustas, sin antecedentes, consecuencia de la crisis del coronavirus, y una pérdida de ingresos globales estimada en U$ 2 billones según la UNCTAD, ocasionada por la consecuente parálisis de cadenas de producción, de servicios y de suministros asociada a dicha problemática, podría poner en jaque un orden económico global al servicio del mercado, que se ha olvidado del medio ambiente y de los derechos básicos imprescindibles para la vida humana.
Según la OCDE, existe alto riesgo de recesión en 2020 por la ralentización de la actividad económica en buena parte del planeta; que en el peor de los escenarios con un brote “más intenso y duradero” de la pandemia, el crecimiento global sería de un 1,5% frente al 3,2% del año pasado. China, EE.UU. y los países más desarrollados del hemisferio norte, al igual que el sector informal y las pymes de América Latina, serían los más perjudicados.
En América Latina para hacer frente a la pandemia, cuando la propagación de la enfermedad con más de 850 contagiados aumenta, el costo de impactos recae sobre hoteles, bares, restaurantes, informales y empleados no calificados, al deprimirse el Comercio, el Transporte, la Construcción y la Actividad manufacturera, y en menor grado el Sector agropecuario y los Servicios del conocimiento. Brasil, Chile Perú, Ecuador, Panamá y Colombia son los países de la región más afectados.
Varios países latinoamericanos han tenido que cerrar sus fronteras aéreas y terrestres dejando viajeros varados: Chile ha decretado el estado de catástrofe y cerrado los cruces internacionales; igualmente Colombia ha cerrado los pasos fronterizos a Ecuador y Venezuela, y Argentina ha bloqueado el paso a Paraguay; en El Salvador que cerró el aeropuerto internacional para vuelos comerciales solo hay operaciones con fines humanitarios, y de tráfico y carga.
Colombia declaró el Estado de Emergencia Económica desde el pasado miércoles, e implementó un paquete de medidas que costará 14,8 billones de pesos, para garantizar la provisión de recursos para el sistema de salud y programas sociales; se ordenó la reconexión gratuita del servicio de agua a cerca de un millón de familias, la congelación de tarifa de agua durante la emergencia, y la devolución del IVA a las familias más vulnerables. Aún se exploran medidas para atender el empleo y la informalidad.
Pese a la reciente caída en los precios del petróleo, el gobierno ha ordenado un alivio financiero para pymes y personas con dificultades de pago, una línea de garantías para pago de nóminas durante la emergencia, la eliminación del IVA para la importación de productos y tecnologías de salud, y la implementación de estrategias para el abastecimiento en todos los municipios del país. Los recursos provendrán 81% ($12,1 billones) del Fondo de Ahorro y Estabilización, y 19% ($2,7 billones) del Fondo Nacional de Pensiones.
Aunque las grandes empresas podrán resistir a la crisis, en las pequeñas y medianas habrá que sostener el empleo, aplicando estrategias que apoyadas por el Estado pueden ir desde el aplazamiento de deudas tributarias en los sectores de actividad más afectados, hasta la asistencia a los más vulnerables; igualmente se requerirán más fondos para reforzar la sanidad pública, dar liquidez a pymes e independientes, y apoyar al sector turístico o alimentar a escolares afectados entre otros.
Pero bajo el presupuesto de que es el tejido productivo lo que está en peligro y no el sistema financiero, el Estado tendrá que planificar la moratoria en el pago de impuestos y seguridad social, con lo cual se van a afectar las cuentas públicas y la liquidez para actuar sobre los sectores productivos más perjudicados por una crisis que, en un escenario de depresión económica y crisis social, obliga al rescate del aparato productivo ya afectado.
Ahora que esta pandemia altamente contagiosa aunque no tan letal, como lo es el Coronavirus, ha logrado que nuestras economías se tambaleen, esperamos que el nuevo contrato social en lugar de centrarse en el crecimiento económico, fortalezca al Estado para reorientar el desarrollo, enfocando la gestión pública hacia una economía más humana, con mayor sanidad pública y más política fiscal expansiva o de corte keynesiano, que fortaleciendo la economía real o productiva impulse la demanda agregada.