Los desastres naturales de origen climático, que en 2020 han ocasionado en el mundo el desplazamiento de siete millones de personas, el 80% de estos en Asia y África donde los aspectos ambientales que contribuyeron a la crisis fueron la desertificación y la sequía, también continúan afectando a Colombia, donde la deforestación como pasivo ambiental es la causa primera del descontrol hídrico y pluviométrico, causante de desastres ahora exacerbados por el calentamiento del planeta.
Ocupémonos del tema socioambiental para el país, ya que tras el desplazamiento ocasionado por desastres naturales que causaron en Colombia 67.000 personas afectadas en 2019, principalmente en Nariño con 22.000 por inundaciones, llegan en 2020 los eventos hidrogeológicos en Antioquia, Meta y Nariño causando más de 6.050 damnificados, y las tormentas del Caribe con la devastación en San Andrés y Providencia, tras el paso del huracán Iota impactando la mitad de la economía del archipiélago.
Siendo Latinoamérica la región más desigual del mundo según el PNUD, y también la segunda más propensa a sufrir desastres naturales, los problemas estructurales se han puesto en evidencia con el impacto económico de los eventos climáticos, no solamente en nuestras zonas costeras e insulares sino en todo el Caribe, donde la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático aparece gravitando sobre las pequeñas economías locales, por el costo de una temporada de huracanes superando el 40% del PIB.
Con el Calentamiento global, la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, que traerán para América Latina grandes sequías e inundaciones, como también vigorosos huracanes y tormentas tropicales transitando por el frágil territorio caribeño, dicha dinámica se traducirá en mayores desplazamientos, dada la relación entre clima, hambre, pobreza y conflictos si no se actúa oportunamente resolviendo la inseguridad alimentaria.
En Colombia, donde la deforestación campea y aún no se emprenden acciones estratégicas como resolver de fondo los conflictos de uso de la tierra, a pesar de que el Gobierno contempla bajar a una tasa de 50.000 hectáreas deforestadas por año en 2030, la amenaza climática incidirá con mayor fuerza sobre asentamientos urbanos y rurales marginados carentes de servicios básicos, por factores como desigualdad, pobreza, informalidad y desprotección social, en un escenario de biomas degradados y sistemas de salud y protección social débiles y fragmentados.
Que sea la oportunidad para reflexionar sobre desastres consuetudinarios de Colombia, que continúan abatiendo poblados y comunidades, como los de Gramalote y Mitú consecuencia de la falta de planeación y de prevención adecuadas, para preguntarnos en 2021 sobre las causas de las inundaciones de mayo en La Virginia-Risaralda, o de los torrentes afectando no sólo a Medellín sino también a Bolombolo-Venecia y Viterbo-Caldas.
Ahora, cuando el país se moviliza exigiendo un nuevo contrato social donde con el NO al glifosato, la megaminería, el fracking, las hidroeléctricas… e incluso al cultivo de palma, además de reclamar acciones jurídicas para prevenir enormes pasivos ambientales de un modelo de desarrollo extractivista con crecimiento a costa del medio ambiente y del bienestar de las comunidades, habrá que complementar gobernabilidad y gobernanza, y enfrentar la incertidumbre de los fenómenos con la ciencia para resolver su complejidad y facilitar el papel de la justicia ambiental.
Lo anterior exige planteamientos que se deben traducir en soportes tecnocientíficos y humanistas, para discernir sobre un desarrollo responsable, ya que no todas las represas, minas o plantaciones tienen los mismos efectos, razón por la cual, bajo el principio de precaución y la comprensión de las condiciones sociales y ecológicas que rodean las decisiones, se puede hacer frente al riesgo, al plantear alternativas sostenibles viables sin comprometer derechos bioculturales en el territorio.
En consecuencia, así como a nivel global existe desconocimiento en el tema, y Colombia no es la excepción, urge fortalecer desde el Estado mediante esfuerzos corporativos, además de la formación, la conciencia de los ciudadanos y usuarios, para lograr una gestión equitativa del patrimonio ambiental. Finalmente, sobre la pandemia y el cambio climático, vale señalar que ninguna situación o circunstancia vivida en el planeta, ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 de la que se tenga registro histórico, como el que ha logrado el covid-19 en el poco tiempo transcurrido.