Los antófilos, expresión que según el griego significa ‘que aman las flores’, son las abejas, estos laboriosos insectos que se agrupan en seis familias y que, de seguir afectados por la contaminación agrícola, especialmente por el uso de pesticidas, se ponen en riesgo ecosistemas y cosechas. Entre sus diferentes especies que se han adaptado para alimentarse de polen y néctar, y cuyo hábitat aparece disperso en todos los continentes, excepto Antártida donde no existen flores, sobresale la abeja doméstica (Apis mellifera).
Se trata de un insecto social que vive en enjambres formados por tres clases de individuos: la reina, las obreras y los zánganos, y que contribuye con la polinización entomófila (realizada por insectos). No obstante, la disminución en cantidad y diversidad de insectos y otros animales polinizadores, fenómeno que también se expresa en la reducción de los ecosistemas a nivel global, es una problemática que, si bien comenzó a fines del siglo XX, continúa y se acentúa en el presente.
Las abejas, tanto silvestres como domésticas, tienen un papel esencial no solo en los ecosistemas forestales, sino también en la producción de alimentos a nivel mundial, dado que al igual que la biodiversidad terrestre, también dependen en gran medida de su principal tarea: la polinización, un proceso natural que permite que se fecunden las flores, para que den frutos y semillas. Si la polinización natural se viese seriamente perjudicada, habría una verdadera catástrofe. Según los expertos, el beneficio de la polinización, además de ser un proceso fundamental para la vida sobre la tierra, arroja un resultado de unos 265 mil millones de euros, cuantía correspondiente al precio de las cosechas que dependen de la polinización natural. Y aunque no se trata de una suma “real”, el hecho es que, sin la polinización de los insectos, además de la afectación en los bosques, selvas, manglares y demás ecosistemas que nos proveen servicios ambientales, también bajaría la productividad de cosechas entre un 75% y 80%.
Sabiendo del papel de los polinizadores silvestres –abejas y otros insectos– en lugar de estar poniendo en amenaza sus beneficios relacionados con la polinización, como lo son la retención del suelo, la regulación del clima, el amortiguamiento de fenómenos meteorológicos y la captura de carbono, deberíamos estar mitigando el cúmulo de factores que amenazan a las abejas: con la pérdida de hábitats y el uso de plaguicidas, consecuencia de  la agricultura industrializada basada en monocultivos, cae la disponibilidad y diversidad de su alimento.
Pero si adicionalmente, además de los impactos del cambio climático, también existen otros fenómenos adversos que contribuyen al despoblamiento de las colmenas, como lo son los parásitos y enfermedades, y especies vegetales invasoras y animales que las afectan, ¿por qué no implementar entre las estrategias de adaptación al cambio climático, la apicultura como una actividad productiva en el programa de pago por servicios ambientales? 
En el caso colombiano el gobierno nacional sancionó la Ley 2193 de 2022 para impulsar la producción del sector y fomentar el cuidado de las colmenas; esto, considerando que según datos del MinAgricultura el sector produjo en 2020 alrededor de 3.851 toneladas de miel de abejas y que para el 2021 el número de colmenas sobrepasará las 140 mil. De esta manera esperamos que el país que ha sido importador de miel, se convierta en exportador.
Se trata entonces de un sector en el cual, además de una producción de miel que ya supera las 4000 toneladas anuales procedentes de las regiones Andina (50%), Caribe (30%) y Orinoquía (20%), genera 3 mil empleos directos y 6 mil indirectos, propicia la polinización necesaria para la conservación de la flora nativa y la recuperación de bosques degradados, y que ha contribuido a la reforestación de especies nativas, en 23 departamentos del territorio nacional.
Aún más, al observar que durante los últimos años la apicultura en Colombia ha mantenido un crecimiento constante, gracias a que con la nueva normativa se hace evidente hacia el futuro una política pública que la apuntale como una actividad productiva, económica y rentable para el sector rural del país, debería convertirse en la principal estrategia de la actividad pecuaria para alcanzar las metas propuestas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de las Naciones Unidas.