En Colombia, por superficie de siembra, después del café y el arroz, el maíz que es el tercer cultivo más relevante de nuestro sector agroalimentario, al 2016 presenta un rendimiento promedio de 3,6 toneladas por hectárea (t/ha), inferior al promedio mundial de 5,4 t/ha y al de Estados Unidos de 11 t/ha. Aunque su producción aumentó 76% entre 1961 y 2016, alcanzando 1,6 millones de toneladas (Mt) anuales, y el máximo histórico se dio en 2012, cuando se alcanzó 1,8 Mt, en 2016 Colombia importó el 74% de la demanda nacional, es decir, 4,6 Mt de las 6,2 Mt que se requirieron en el país, donde la demanda anual de esta gramínea originaria de Mesoamérica, en poco más de 50 años se ha multiplicado 6,8 veces.
Los principales tipos de maíz que se consumen en el país, son: amarillo, principalmente para alimentación animal, y blanco, sobre todo para consumo humano. Si en promedio, un colombiano consume 30 kg de maíz al año, también la demanda creciente de este grano responde en mayor medida al consumo de proteína animal. En la producción de este cereal, que hace parte de una dimensión social y económica importante, coexisten dos sistemas de producción: el del maíz tecnificado como sistema que representa el 48% del área destinada para su producción y un rendimiento promedio de 5,4 t/ha, y el tradicional donde se alcanza una producción de 0,5 Mt anuales, y un rendimiento promedio de tan solo 2 t/ha.
Desde la apertura a las importaciones de maíz, según el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) la demanda aumentó de manera significativa: si entre 1991 y 2016 esta creció en 515%, en ese mismo período, también el consumo nacional ha debido depender cada vez más de las importaciones desde Estados Unidos principalmente, y en particular las de maíz amarillo relacionada con la alta demanda de productos avícolas en la dieta de los colombianos. En términos de seguridad nutricional, Colombia debería apostarle a un consumo nacional humano del 50% de maíz blanco biofortificado con alto contenido de zinc, ya que la deficiencia de zinc en Colombia afecta al 22% de la población.
Para brindarle a los productores nacionales la oportunidad de participar competitivamente en el mercado nacional, golpeado por importaciones con menores aranceles del TLC con EEUU, la clave estará en incrementar la productividad del sector, mediante el uso de las semillas mejoradas, la innovación y transferencia tecnológica, y en desarrollar políticas que permitan mitigar la vulnerabilidad y los riesgos actuales que amenazan la estabilidad y el crecimiento de la producción nacional, como estrategias necesarias para mejorar sus ingresos y el bienestar de sus familias, obteniendo de paso como beneficio complementario un impacto positivo para la población colombiana, al facilitar su acceso a productos de origen animal con precios más bajos.
Aunque según expertos, entre 1970 y 2016, el rendimiento en el sistema tecnificado registró un aumento de 121%, pasando de 2,4 t/ha a 5,4 t/ha, contra un rendimiento en el sistema tradicional que varió de 1,1 t/ha a 2,0 t/ha, Colombia aún se encuentra en una posición de vulnerabilidad, que la obliga a contrarrestar las importaciones de maíz que tienden a acelerarse. Según el CIAT su proyección al 2030 las sitúa en 5,9 Mt, lo que equivaldría a un incremento del 39% con respecto a 2016. Además, si no queremos retroceder en los objetivos nacionales para alcanzar la seguridad alimentaria, Colombia deberá dejar de depender cada vez más de las importaciones de maíz amarillo, e incluso de maíz blanco. Si como referente, para los cultivos tecnificados al 2019, Colombia registró un área sembrada de 71.198 hectáreas para maíz amarillo y de 44.132 hectáreas en maíz blanco, siendo Córdoba, Meta, Tolima y el Valle del Cauca, las principales zonas de producción, además de centrarse en elevar la productividad y en mapear las zonas de mayor potencialidad para un cultivo competitivo, el país deberá atender el escenario de riesgos y amenazas, presentado en “Maíz para Colombia: visión 2030”, donde se señalan factores como: toma de decisiones sin visión de largo plazo, incertidumbre de precios, gasto público sin objetivos claros, impactos del cambio climático, inestabilidad social y económica, y agotamiento y degradación del suelo.