En 2019 el desempleo en Colombia ha rondado sobre el 10%, y para las ciudades y áreas metropolitana cerca del 12%. Para países en desarrollo del mundo y de América Latina, crecimiento y desempleo serán dos problemas a enfrentar al 2030: primero, por las proyecciones de crecimiento bajo para la mayoría de las economías con déficit fiscal que dependen de materias primas; y segundo, porque a nivel global según la OTI, tres de cada cuatro personas en los países en desarrollo se ven afectadas por el empleo vulnerable. Para Latinoamérica, si durante la primera década del presente siglo, 100 millones de personas salieron de la pobreza para configurar una nueva clase media, en 2010 con las olas generalizadas de protestas cívicas, empieza un segundo decenio con una nueva demanda de la sociedad civil, por los bienes políticos y derechos civiles.
En relación con el crecimiento, según las proyecciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. este sería el panorama al 2030: China duplicará su PIB situándose cerca de EE.UU. y la India será la tercera economía del mundo; a su vez, en América Latina, Brasil que superará de forma significativa el PIB de los países de la región, será seguida por México y luego aparecerán en su orden Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y Perú. Pero frente a ese panorama, a pesar de que la longevidad aumentará dos años en promedio debido a la genómica, y que la robótica entrará en escena sustituyendo empleos, aunque el número de países pobres seguirá disminuyendo, frente a los desafíos de la década entrante la pregunta es: ¿qué hacer para que los gobiernos puedan garantizar asistencia y prestaciones sociales suficientes, ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de paro laboral?
Y respecto al desempleo, en la eurozona, la desocupación que llegó en febrero al 7,8%, alcanzando su nivel más bajo desde 2008, situó el número de desocupados en 12,7 millones; y mientras Alemania con el 3,1% registró el nivel más bajo de los 19 países de la Unión Europea, y en Inglaterra 1,5 millones de trabajos están en riesgo de ser automatizados, varios países del sur de Europa siguen con cifras de desempleo superiores a la media: en España, el 27,7% de 233 mil titulados que finalizaron sus estudios superiores en 2014 no tenía empleo en 2018; en Grecia, donde miles de ciudadanos con sus ingresos apenas alcanzan a pagar la seguridad social, en la primera mitad del año, de 30 mil nuevos empleos los trabajadores de la economía sumergida representaban un 35%; y en Italia, la desocupación con una media al 12% a nivel nacional, llega al 30 o 40% en regiones del sur de la península.
En el caso de EE.UU, aunque registró un total de 263 mil nuevos puestos, muy por encima de las expectativas de analistas ubicadas en 200 mil, la tasa de desempleo en mayo llegando al 3,6% cae al mínimo de casi medio siglo. Y según CEPAL, tanto los países desarrollados como las economías emergentes de Latinoamérica, donde el índice de desocupación disminuyó ligeramente de 8,2% en 2017 a 7,7% durante 2018, estaríamos enfrentando un escenario económico mundial complejo durante varios años, período en el cual se espera una reducción de la dinámica del crecimiento, conforme se deprima el mercado de commodities, con consecuencias en el incremento de la informalidad. 
La incertidumbre para países como el nuestro, es si una vez acabado el auge de las materias primas, además de un viraje de las fuerzas productivas para acceder a la sociedad del conocimiento, seremos capaces de adoptar las reformas para evitar déficits fiscales y lograr, además de la paz y la cohesión social, la conservación ambiental, la competitividad, la reforma a la educación y la formalización del empleo. Aunque la CEPAL prevé que el PIB de los países andinos aumentaría al 2030 un 59% respecto al 2015, en un escenario desfavorable la región tendría un crecimiento volátil entre bajo y moderado, con desigualdad crónicamente alta y costo ambiental. En dicho marco, entre las problemáticas que deberá enfrentar Colombia, están la corrupción y debilitamiento del Estado, que corroen las redes de protección social y erosiona la gobernanza, propiciando la inseguridad y desestimulando la inversión para el trabajo y el empleo.