Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 entregado el 9 de diciembre, aunque entre 2003 y 2018 Colombia con un IDH de 0,761 contra 0,759 para América Latina y el Caribe, ha mejorado su posición pasando del puesto 95 al 79, la desigualdad como jerarquización y diferenciación social que implica un acceso inequitativo a recursos valorados y roles diversos, sigue siendo un lastre: pese a los avances y transformaciones del país, en salud, educación y nivel de vida, y a que redujo la pobreza monetaria del 49% en 2002 a 27% en 2018, el índice de Gini en Colombia (0,497) sigue superando con creces la media mundial y del resto de países en desarrollo; por lo que la desigualdad que caracteriza a Colombia y Brasil, y a nivel mundial a toda Latinoamérica -que como región es la segunda más desigual del mundo-, es la causa primera de movilizaciones sociales que demandan reformas estructurales en el país y el continente.
Si se quiere resolver estas brechas sociales, además de políticas públicas que enfrenten las desigualdades y eviten su profundización, habrá que tener en cuenta que el desarrollo humano del siglo XXI exige, no solo la expansión y distribución de las capacidades y de los ingresos a lo largo del ciclo de la vida, y fortalecer la gobernanza política y el tercer sector, sino también respeto por el territorio, acceso a la tierra y a las oportunidades de la revolución digital como factores de producción. Veamos entonces qué pasa en Colombia: primero, la reforma agraria del Proyecto de Ley 223 de 2015, que proponía crear y desarrollar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), resultó ser un instrumento social insostenible y fue calificada como amenaza para el campesinado y el desarrollo rural, dado que su fin último era legalizar la acumulación irregular de predios y desmantelar la pequeña producción agraria.
En segundo lugar, la actual reforma tributaria, que contempla ampliar la base vinculando pequeños asalariados empobreciendo la clase media y otorgar a las familias subsidios que se disipan con los impuestos que deben pagar, incrementa la inequidad al reducir simultáneamente impuestos a empresarios y desfinancia el crecimiento y con él la inversión y el empleo, toda vez que el balance total de la ley de “financiamiento” contra el de la ley de “crecimiento”, arrojaría un saldo fiscal negativo: las exenciones tributarias y otros beneficios que recibirán las empresas como el del IVA, sumadas a la reducción del impuesto a la renta progresando del 32% al 30% entre 2020 y 2022, harán más difícil cerrar la brecha fiscal en este país, donde la relación impuestos-PIB solo es del 15%, mientras en América Latina el promedio llega al 23% y en la OCDE al 34%.
Y tercero el tema salarial, donde el mínimo que a juicio de los técnicos del Gobierno nacional en Colombia es demasiado alto, así se continúen dando incrementos como el del 6% de 2019, sobrepasando la inflación anual que es el límite establecido por la Corte Constitucional según sentencia C-815/99, apenas cubrirá cerca del 75% de las necesidades de la familia colombiana, situación que explica y justifica el reclamo sistemático de organizaciones de pensionados y trabajadores, que históricamente han luchado no solo por el congelamiento de precios en gasolina y peajes, y por bajar el aporte de salud de los pensionados del 12% al 4%, sino también por un salario mínimo más alto donde se incluya el subsidio del transporte, y por un incremento de las pensiones sobre la base del salario mínimo y no sobre la tasa de inflación.
Como referente, mientras el salario mínimo por paridad de poder adquisitivo expresado en dólares alcanza en Colombia los U$ 500, estas son las cuantías para algunos países de Latinoamérica: en Argentina de U$ 830, en Costa Rica de U$ 785, en Chile de U$ 600, en Perú de U$ 590, en Brasil de U$ 410, en Nicaragua de U$ 400, en Bolivia de U$ 370 y en México de U$ 250; de ahí que en el caso colombiano, dicho estipendio esté por debajo de lo requerido para cubrir gastos necesarios de alimentación, arriendo, transporte, salud y educación, de una familia promedio.