La Órbita Geoestacionaria aparece en el Art 101 de la Carta de 1991, pese a que el Derecho Internacional no reconoce soberanías sobre este estratégico anillo de 35.786 km ubicado sobre el Ecuador. No obstante, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dependencia de las Naciones Unidas, nos asignó tres posiciones orbitales entre los 70° y 75° de longitud oeste. Siendo así, ¿debería Colombia entrar a la era satelital?, ¿se requiere o no fortalecer nuestras telecomunicaciones desde nuestra órbita geoestacionaria para llevar telefonía, internet y televisión a la Colombia profunda?, ¿tendría sentido monitorear nuestro clima, las regiones boscosas y los mares del país?
Como antecedentes en Colombia, están el Libertad 1 y el Facsat 1: el primero, un pico-satélite artificial con una vida útil de 6 años adquirido y adaptado por la Universidad Sergio Arboleda, instrumento lanzado en 2007 que se diseñó para emitir datos de temperatura, aunque no hubo publicaciones con un análisis de las señales obtenidas; y el segundo, un nano-satélite adquirido para la Fuerza Aérea Colombiana en 2018, capaz de tomar imágenes con una resolución de 30 metros por píxel, y del cual esperamos surjan publicaciones fruto de su aplicación.
Aunque la tecnología satelital es costosa, el satélite es el futuro de la conectividad a nivel mundial, y también la única opción para conseguir la cobertura de un territorio geográficamente difícil, como el nuestro. En Colombia, aunque por decreto se aumentó en 2019 el mínimo de banda ancha que se comercializa estableciéndose en 25 Megabits por segundo, por la falta de conectividad no se ha mejorado la velocidad, ya que en el ranking de conectividad al 2019 aparecemos en el puesto 18 de la región y en el 114 a nivel mundial; y en velocidad de internet en el puesto 88 al 2020, año en el que también cuatro de cada cinco colombianos entró en la era digital, aunque todavía la mitad de la población limita el uso de la red a aspectos básicos.
No obstante, si la penetración del internet viene en aumento desde 2016, pues pasó de 58% al 66% en la actualidad, para lograr la democratización y alcance de esta herramienta, cerrando la brecha informática que agobia al sector rural, al expedirse la Ley 1978 de 2019 sobre modernización del sector TIC, cuyo propósito es la maximización social y la conectividad en todo el territorio nacional, se hace imprescindible el satélite para aprovechar dicha herramienta, beneficiando bibliotecas, escuelas y centros de salud en áreas marginadas, y para que los habitantes de zonas rurales, de bajos recursos y vulnerables, tengan cobertura móvil, celular e Internet.
Si en 2010 la licitación para la compra de un satélite geoestacionario se declaró desierta, razón por la cual posteriormente se optó por una red nacional de fibra óptica, complementada con el pago de servicios inalámbricos satelitales y de microondas, por fortuna el MinTIC consciente de la limitación de esta solución, incapaz de resolver el aislamiento de regiones marginadas y reducir la brecha digital, ha vuelto a considerar la compra de un satélite geoestacionario de comunicaciones con fines educativos, hospitalarios y de apoyo a instituciones públicas, dándole prioridad sobre la adquisición de otro satélite de trayectoria polar, que es otra herramienta aplicable al estudio y control de nuestros recursos naturales, de la dinámica de los procesos y fenómenos ambientales, y a la seguridad y reconocimiento del territorio.
No obstante hubo voces contrarias calificando improcedente una inversión de 350 millones de dólares comprando un satélite cuya vida útil es de 12 a 17 años, al que se sumarían los gastos de mantenimiento, entre otros argumentos precarios esgrimidos por quienes pareciera no haber visto “la pandemia digital”, desnudando la inequidad digital y el carácter imprescindible de las redes para lograr un desarrollo equitativo, lo cual justifica, además de este esfuerzo valorado en el inmenso beneficio que recibiría la Colombia marginada y discriminada, el de un segundo satélite de imágenes como complemento posterior, para investigaciones adicionales necesarias y de gran importancia, las cuales no se desarrollan hoy con unas pocas e insuficientes imágenes, que a un costo de 2 millones de dólares anuales adquiere el país, pese a continuar urgido de una observación sistemática de su extenso y desconocido territorio.