Es evidente que la crisis de la policía en Colombia ha tocado fondo, y desdibujado la loable misión de este cuerpo con más de 160 mil integrantes y 130 años de historia, donde la rotación de miembros en lugar de una intervención de fondo, no ha resuelto temas recurrentes, como la corrupción y las fallas en cumplimiento de derechos humanos relacionadas con episodios de brutalidad policial y de excesos de la fuerza pública, que en conjunto explican cerca de 700 demandas al Estado, por un monto cercano al billón de pesos.
Existen leyes y normas internacionales que regulan el cómo y cuándo la policía puede recurrir a la fuerza, e incluso a medios letales, salvo como último recurso y cuando sea estrictamente necesario, para protegerse de un peligro inminente de muerte o lesiones graves. Pero no solo en Colombia esta cara institución ha fallado incurriendo incluso en la detención de defensores de Derechos Humanos; también por acciones de la policía, en Estados Unidos han asesinado población negra desarmada, en Irán han matado a cientos de manifestantes durante protestas y en Filipinas se ha disparado contra traficantes y consumidores de droga pidiendo clemencia.
Así existan para la policía protocolos, órganos de control del Estado y justicia penal militar: primero, la falta sistemática de controles efectivos de superiores jerárquicos sobre el quehacer de subordinados; y segundo, una selección y formación de los miembros de la policía que muestra fallas graves de forma reiterada, son dos factores estructurales que se amplifican al tratarse de una organización, que debiendo ser civil se ha debido militarizar y armar en un país con problemáticas de seguridad más complejas y determinantes.
Una reforma a la institución debería pasar por la creación de un nuevo instrumento, que vincule la participación de civiles como mecanismo de auditoría y control, y de investigación y sancionatorio, si deseamos un sistema transparente que derrote la impunidad para fortalecer la institución; o de lo contrario, de no contarse con la voluntad política, dada la naturaleza y persistencia de las causas reales de la enorme insatisfacción ciudadana que seguirá expresándose en marchas y protestas, no se resolverán ni la vulnerabilidad de la policía a cometer errores, ni la amenaza creciente del vandalismo infiltrando movilizaciones.
Sabemos de las dificultades de la policía en un país como Colombia, teniendo que actuar exponiendo la propia vida de sus agentes frente a la violencia de carteles y grupos armados, e incluso al enfrentar problemas de seguridad urbana para proteger a los ciudadanos; pero igualmente que las fallas en materia de derechos humanos cometidas por miembros suyos no dan compás, máxime cuando se trata de protestas ciudadanas donde los protocolos policíacos deben ser diferentes, a pesar de la infiltración de grupos que, aprovechando la oportunidad, recurren a acciones criminales planificadas.
Hoy más que nunca, vemos la necesidad imperiosa de una reestructura a la organización policial, que retome las lecciones de las reformas de 1993 y 2003, y las supere al implementar un proceso participativo exitoso, tanto de orden estructural como operativo y gerencial, fundamental para evitar además de la corrupción, excesos o abusos y el mal uso del arma por personas indignas de portar el uniforme, mal conducidas o expuestas a peligros letales, o insuficientemente preparadas. Habrá que considerar que, además de la presencia de desadaptados a los que no les gusta que se haga cumplir la ley, existen actores que en beneficio propio capitalizan las palabras mal dichas o generan mensajes perversos, con consecuencias letales.
Sin una reforma policial de fondo, orientada hacia una cultura de la legalidad que incluya depuración y reingeniería organizacional, las investigaciones imparciales y oportunas sobre las violaciones de derechos humanos, al igual que un cese inmediato del uso excesivo de la fuerza pública en contra de los manifestantes, son simples medicinas pasajera, máxime cuando la acción armada como medida de represión de las manifestaciones, justificadas en una estigmatización para amparar violaciones de derechos humanos por parte de la policía en contra de los manifestantes, de perpetuarse no sólo se constituyen en factor de riesgo de actos de vandalismos contra la paz y el orden, sino también en amenaza contra los propios miembros de la policía.