Con el nombramiento de Danilo Rueda como Alto Comisionado para la Paz, se abre la ruta en el gobierno entrante hacia una nueva cultura política para acceder al poder y buscar otras fórmulas para combatir la impunidad social, más que la jurídica, implementando una dinámica de conversaciones con diversos actores del conflicto, qué así estén en la cárcel no transformarán el dolor de las víctimas. La llegada del actual director y representante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización creada hace cerca de tres décadas que promueve, defiende y apoya los derechos humanos, es otro nombramiento clave.
Más de medio siglo de un conflicto armado que no para, y que deja ocho millones de víctimas y miles de crímenes atroces por desnudar, son argumentos para señalar que el camino hacia la Paz, depende de cambios estructurales. Si bien, no se han sentado las bases de planeación y financiación para implementar el proceso de Paz en un país dividido, son pocas las luces y muchas las sombras en el camino recorrido desde el 24 de noviembre de 2016, pese a que tal cual lo señala la Comisión Especial de la Verdad, dicha responsabilidad es de toda la sociedad colombiana y del Estado.
Este conflicto cuyo reconocimiento excluye la beligerancia de otros grupos armados ilegales, y que a la firma del acuerdo afectaba 344 municipios donde se registraron la mayor cantidad de actos violentos, actividad de grupos delictivos, número de víctimas y desplazados, después de dos gobiernos, pasado más de un lustro sólo puede mostrar una tendencia preocupante según Indepaz, por los saldos de más de 1350 ex combatientes asesinados y líderes sociales abatidos sobre todo rurales, desde 2016, lo que expresa la poca voluntad del gobierno para evitar y combatir estos genocidios tal cual se expresó en el Paro Nacional de 2019-2020.
Recuérdese el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica (UP) entre 1984 y 2016, ejecutado principalmente por agentes del Estado y paramilitares que, de forma masiva, generalizada y sistemática según lo revela la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, al establecer que 4.616 personas fueron asesinadas y 1.117 desaparecidas. Al respecto, la JEP añade que “de las 5.733 víctimas del exterminio de la UP, 4.616 fueron víctimas de homicidio” y el resto resultaron “desaparecidas forzosamente”, tal cual se lee en el documento.
Pero el problema ha sido que la gestión del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, como institución que surge en 2016 en el marco del Acuerdo de Paz con las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, y que con el cambio de poder ha enfrentado obstáculos, entre los que se pueden subrayar la no implementación de dos temas que prioriza la Unión Europea para destinar fondos fundamentales para allanar el largo camino, como la reforma rural integral –proceso que tarda unos 20 años-, y las falencias del enfoque de género con programas que benefician a la mujer rural.
Aunque el mecanismo de Justicia Transicional, concebido con el propósito de “sentar las bases de una Paz estable y duradera” ha tenido éxitos significativos como la desmovilización de las FARC-EP, solo el 30% de las disposiciones planteadas en el pacto se han implementado; y mientras el gobierno saliente intentó desarticular y minimizar la JEP creando un fuero especial diferente para los militares, el alcance de este organismo de justicia surgido del Acuerdo de Paz, se salvó de dicha arremetida por contar con el soporte de la Comunidad Internacional y con un marco jurídico robusto que se estaba implementando.
Así el conflicto colombiano se haya complicado por factores como el comercio de la droga con actores diversos, y el amparo de Venezuela a las disidencias de las FARC-EP: “Gentil Duarte”, Segunda Marquetalia y grupos dispersos, esperamos como mínimo ver consolidada la justicia transicional aún por perfeccionarse, para que empiecen a generarse las acciones y condenas correspondientes. Si el Informe Final de la CEV entrega duros testimonios de víctimas de abusos sexuales, violaciones, secuestros, desapariciones y otros crímenes cometidos en las regiones más remotas del país, sus recomendaciones sentencian que, tras sesenta años de conflicto, la guerra no es el camino.