Aunque legiones de campesinos, que en Colombia desde mediados del siglo XX continuaron siendo empujados a las ciudades por la pobreza y atraídos por las oportunidades de las crecientes urbes, o simplemente han sido expulsados del agro por el conflicto colombiano, ahora tras la pandemia del covid-19, forzosamente han regresado a nuestros campos, donde silenciosamente deben estar sufriendo por la pérdida de sus productos, y porque allí donde el olvido estatal persiste, la situación poco ha cambiado ya que la pobreza continúa siendo endémica.
Igualmente, están los pobres urbanos que viven en la informalidad y del día a día, quienes empujados por la necesidad, tras la cuarentena han regresado a las calles de Colombia; allí como factor adicional a la precariedad de las condiciones sociales, económicas y ambientales, se suman los estragos de una economía semiparalizada, que además de causarles hambre los somete al riesgo de contagio, a pesar de que se está beneficiando por parte del gobierno a muchos necesitados con ayudas, implementadas para facilitar el aislamiento contra el coronavirus.
Frente a ese panorama que expresa una situación ya convertida en uno de los grandes problemas durante la actual crisis que sacude al país, por la enorme fractura que se advierte en el horizonte de mediano plazo, al observar las cifras de desempleo severo y las previsiones nefastas sobre el crecimiento del PIB colombiano, el nuevo panorama es otro, razón por la cual no se puede esperar a que concluya la crisis sanitaria ocupándonos solo de su manejo, para pasar a una seguridad alimentaria, o de lo contrario la situación podría salirse de control.
Aún más: para prever semejante debacle social por la crisis económica de la pandemia, deben subrayarse dos elementos de corto plazo: el primero, que se continúe fortaleciendo en áreas críticas el programa de sustitución diseñado para la erradicación de cultivos ilícitos, previendo que la actual crisis como factor detonante alimente el retorno a la ilegalidad; y el segundo, que se estén emprendiendo actividades que reactiven el empleo bajo la premisa del autocuidado responsable, aunque faltan estrategias para beneficiar a quienes están viendo la cara más dura de esta crisis.
Pero además de acompañar lo expuesto implementando estrategias comunitarias de sobrevivencia y del tejido social comunitario, independientemente de cuáles son las raíces de la crisis o de su interpretación oficial por quien la maneja, o por parte de quienes sufren sus consecuencias, es hora de pensar en un pacto de país para formular un plan de reconstrucción pos covid para Colombia, a largo plazo y soportado en un gran acuerdo, ya que su manejo responsable no solo debe limitarse a la fase de la emergencia buscando minimizar los riesgos sanitarios y económicos hasta ahora señalados, sino también ocuparse de lo fundamental y trascendente mirando la solución de los conflictos estructurales que se han destapado con la actual crisis.
No en vano, algunos académicos como Jorge Hernán Cárdenas y Hernán Roberto Meneses, al igual que la Dra. Loreley Noriega haciendo eco a propuestas de ambos, se han referido a un plan de acción a largo plazo, concertado y mediado por valores, el que debe partir de un pacto entre todos los actores sociales de Colombia, en atención a las graves problemáticas socioambientales y económicas en el orden social, ambiental y económico, bajo el presupuesto de que esta crisis no tiene precedentes en nuestra historia.
En el marco de dicho plan, se plantea: a- Para humanizar la economía, cerrar la brecha de productividad entre ciudad y campo, fortalecer el Estado, rescatar lo público en asuntos vitales como la salud, e implementar proyectos estratégicos como la conectividad satelital y rural; b- En lo ambiental, el cumplimiento de los derechos bioculturales en territorios degradados de este país biodiverso y multicultural, la adaptación al cambio climático y resolver la fragmentación social y espacial de las ciudades; y c- Atender las demandas de la paz, la derrota a la corrupción, y resolver la inequidad, garantizando además de la tierra para los campesinos, el bienestar con perspectiva de género mediante mínimos vitales para los más vulnerables.