Que Colombia sea uno de los países con mayor grado de desigualdad y pobreza en el mundo no es ninguna novedad. De hecho, según los datos del Banco Mundial, la tasa de pobreza nacional está en el 26,9% (13 millones 500 mil colombianos) y unas 2 millones doscientas cincuenta mil personas devengan en promedio mensual unos $171.000 pesos. Ah por cierto, en Venezuela, según el organismo internacional, la tasa de pobreza es del 33,1% (10 millones 500 mil venezolanos) solo 6 puntos más que Colombia; lo digo, pues últimamente se ha vendido la idea a través de muchos políticos y medios, que solo los pobres existen en el vecino país.
En términos absolutos, fácil es concluir que hay más pobres en Colombia que en Venezuela. Pero dentro de todos estos indicadores, no he podido encontrar alguno que mida el “conocimiento”. Educación sí y hasta información, pero ¿conocimiento? El preámbulo de nuestra Constitución, lo trae de manera expresa como toda una innovación dentro de los valores políticos y democráticos del pueblo (término Constitucional). Se ha reconocido que somos un país pobre, pero en la redacción del preámbulo se advirtió, que ni por el carajo podíamos ser ignorantes, pues esta sí sería una desgracia total. No dudo que hemos mejorado en educación, en formación e información, pero no en la misma línea de conocimiento, que es precisamente de donde emana el sentido crítico y la capacidad reflexiva.
En la música guasca es muy popular el famoso corrido de Sonia y Carlos “El Errante”, que hace alusión a las desgracias de un hombre, entre otros por su ignorancia frente a las normas: “Como nunca fui a la escuela yo no sé lo que es la ley”, dice la canción. Un pueblo que no conoce sus leyes ni la Constitución es un pueblo que necesariamente ha de actuar antidemocráticamente. Es un pueblo apasionado, maleable y manipulable, como lo es el pueblo colombiano. Un pueblo que cree más en un Whatsapp que en el imperio de los principios y de las normas, legítimas por supuesto.
En las Ciencias Sociales es de consulta permanente la obra de John Locke y su “Ensayo sobre el entendimiento humano”, que nos permite concluir que es equivocado pensar que educación y conocimiento son palabras sinónimas. Por eso considero un error que el Artículo 41 de la Constitución solo haya establecido la “obligatoriedad” de su estudio en las instituciones de educación pública y privada. Lo debió haber hecho como una obligación para todos los colombianos, y como requisito, por ejemplo, para casarse, expedir una licencia de conducción, ejercer el periodismo, posesionarse en un cargo público o privado, solicitar un pasaporte, celebrar un contrato con el Estado y hasta para comprar una moto.
En serio, me pregunto, ¿cuántos colombianos conocen la Constitución Política? Nadie pregunta, nadie lo encuesta, a nadie le interesa. El conocimiento de la misma no ha podido ser un compromiso político y ciudadano, y se ha convertido en un asunto de élites tecnocráticas de abogados y jueces. Hasta el mismo presidente Duque olvidó la Constitución Política, cuando en la famosa entrevista que le hicieron en “La Voz de América” el pasado 18 de febrero, sobre el tema de Venezuela, en medio de divagaciones se limitó a insistir en el famoso "cerco diplomático”. No sé por qué el presidente no dijo, conforme a lo establecido por el numeral 4º del artículo 173 de la Constitución Política, que la autorización para permitir el paso de tropas extranjeras en el territorio colombiano no es función de él, sino del Senado de la República. ¿Tan complicado era?