Pocas veces hemos visto un debate político tan polarizado, como el de la carrera por la primera magistratura del país. Los candidatos se han pronunciado, tendiendo casi siempre a posiciones extremas, pocas veces a vías moderadas, sobre un sin fin de temas. Hablan superficialmente de la economía, la salud y la educación, el conflicto, la inmigración. Sin embargo, un tema ha estado ausente del debate político. Hablo de la situación legal de la interrupción voluntaria del embarazo.
La actual situación es compleja. Tras varios años de lucha y de prohibición por el Estado, se logró en un primer lugar su legalidad en tres casos específicos: el de grave malformación, violación y el de peligro físico o mental para la madre, gracias a una sentencia de la CC en 2006. Aunque esta última haya facilitado el acceso a abortos inducidos legales y por lo tanto regulados, en medios aptos para tales prácticas, es aún una opción casi inaccesible para la mayoría de las mujeres en Colombia.
En un país en el que la religión tiene, tres décadas después de la separación del Estado y la Iglesia, tanta influencia sobre la opinión pública y la orientación política de una gran franja de la población; el tema del aborto es particularmente difícil de tratar por la clase política, aún para las facciones más liberales del espectro. Tomar posición frente a esta cuestión podría costarle a cualquier candidato una importante parte del electorado. Sin embargo, esta cuestión merece mucha más atención de la que se le da.
Por un lado, es lógica la necesidad de la legalización y reglamentación de la práctica del aborto en cuanto a salud pública se refiere. Tras varios milenios de prohibición legal, debemos aceptar el hecho de que el aborto siempre ha existido y existirá en las sociedades humanas. No hace falta resaltar la necesidad de la educación sexual y del acceso a medios profilácticos. Sin embargo, en Colombia este tema nunca ha sido una prioridad, su calidad es pésima y su acceso difícil para la mayoría de la población. En el punto al que hemos llegado, necesitamos varios años de planes de salud pública, con presupuestos importantes, para que surtan efecto. Hacer estimaciones precisas es complicado, pero la cifra de abortos ilegales en Colombia podría sobrepasar los 300 mil, siendo una de las causas principales de muertes maternas en el país. Al ser ilegales, los lugares que ofrecen este procedimiento no son controlados por el Estado, no tienen interés en ofrecer tratamientos en condiciones propias y dignas. La legalización tendría pues varios beneficios: práctica con estándares médicos estrictos, reducción de muertes maternas y posibilidad de gravámenes a las instituciones que lo presten.
Pero también es necesario considerar el aspecto humano, tener en cuenta a la mujer al tomar esta decisión. La percepción del aborto como una solución de facilidad es simplemente un mito. Los testimonios muestran lo duro que es tanto física como psicológicamente, haciendo más necesario un acompañamiento especializado para estos procedimientos. Algo prácticamente imposible en la mayoría de los casos actuales. Esta es una opresión, entre otras por el machismo estructural de la sociedad colombiana, a la cual han sido sometidas las mujeres. Las mujeres deben poder elegir lo que hacen con sus propios cuerpos, sin necesidad de arriesgar su vida. Además en los casos en que la madre no puede o no desea hacerse cargo de su hijo se les propone hoy darlo en adopción. Sin embargo, es fácil decir esto sin tener en cuenta la sobrepoblación de los orfanatos, la falta de presupuesto, las condiciones lamentables en las que viven los menores a cargo de Bienestar Familiar. La marginalización social a la cual son relegadas las mujeres es en parte debida a la falta de debate en torno a esta cuestión y su situación legal. Es de enorme importancia combatir este tipo de exclusión en una sociedad que apenas intenta comenzar a reconstruirse.
Contrario a lo que muchos creen, las cifras de abortos no aumentan de manera significativa con su legalización. Simplemente se trata de una transición de lo ilegal a lo legal. Es necesario que los políticos, si su fin es realmente proteger la vida y reducir la tasa de aborto, lo legalícen, acabando con la tercera causa de muerte materna; que ayuden a reducir los embarazos indeseados con planes comprensibles y masificados de educación sexual, acceso a la contracepción gratuita y universal. Al igual que el ateo debe respetar y tolerar las creencias del creyente, es hora que este deje de imponer su credo al resto de la población.
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