El suicidio parece haber comenzado a hacer parte activa de la política. Los suicidios no suficientemente explicados relacionados con Odebrecht muestran una realidad cruda: la muerte no natural. El “suicidio” es el mejor antídoto contra la verdad. Hay todavía muchos interrogantes sobre la muerte de Jorge y Alejandro Pinzón; se les agrega la de Rafael Merchán, testigos clave en el caso de corrupción más sonado de Colombia.

Es muy curioso que la muerte de los primeros, quienes conocían con profundidad el entramado de corrupción de Odebrecht, se produjera cuando sus testimonios se volverían clave para la investigación. La muerte les llegó antes de tiempo. No pudieron hablar y decir todo lo que sabían.

Se le agrega la de Merchán, que era pieza fundamental en las investigaciones y se perdió otro cabo, que no puede dar explicaciones, que no pudo contarnos la verdad. ¿A quién le convendría que esto pasara? ¿Quién se beneficiaría de esas muertes? Nadie puede saberlo con certeza, pero las dudas aumentan y las verdaderas razones de esas decisiones están todavía pendientes de explicaciones, que solo sabremos conociendo la verdad sobre el escándalo de corrupción de la empresa y los implicados en ella, curiosamente hombres poderosos en lo económico y en lo político.

Como si no fuera suficiente con la falta de claridad de lo ocurrido en Colombia, se suicida, ese sí con certeza se suicidio, Allan García en Perú, cuando tenía que rendir cuentas en la Fiscalía de ese país por los sobornos de la misma firma, donde, por supuesto, hay culpables y presos, multas a la multinacional e imposibilidad de contratación que el Perú tiene sobre los brasileros.

No como aquí, donde una verdadera conspiración de silencio, actos “grotescos” de politiquería barata, esconden el escándalo para que la verdad no se sepa; los intocables sigan siéndolo, puedan gozar de la impunidad de que han gozado siempre en nuestro país los delincuentes grandes, mimetizados en escándalos pequeños, de naderías, que agigantan con la complicidad de algunos medios de comunicación, que les hacen eco y que sirven de pregoneros de un Estado desvergonzado y fallido como este, al que “ayudan” como simples comunicadores “prepago”. Una vergüenza para nuestra nación.

No podemos seguir en esta polarizada debacle informativa, en la que se usan todos los medios para inventar historias que por la inmediatez, pasan como verdades absolutas, que después nadie desmiente. No solo estamos viviendo un caos institucional, sino que vivimos en medio de una avalancha, en la que los intereses políticos tienen prioridad, haciendo que la verdad pase a ser un lujo superfluo y despreciable.

Las investigaciones sobre el acontecer no pueden seguir politizadas, ni estar al servicio de grupúsculos políticos en particular. La verdad tiene que ser pura y limpia, sin adornos con la que la deforman con mala intención, para poder cumplir con el principio que establece “divide y reinarás”. Es hora de que muchos funcionarios públicos den explicaciones claras sobre sus antecedentes y sus nexos con empresas y actividades cuestionadas.

Tenemos que llegar a puntos de acuerdo, donde los contrarios puedan discutir sin que eso cueste la honra o la vida. No podemos permitir la escalada de la violencia que va en aumento, sin que al parecer le importe a alguien. Es bueno que nos preocupemos por nuestros vecinos, pero no podemos anteponerlos a los intereses de nuestros ciudadanos, que ven cómo la inmigración descontrolada ha vuelto trizas los pocos eslabones de legalidad en el trabajo, en las oportunidades, en la justicia social.

El país se mueve en el filo del desfiladero y si no hacemos algo para evitar la “hecatombe”, la caída al precipicio será inevitable y el “suicidio” colectivo su consecuencia. Un país no puede pregonar legalidad, cuando muchas de las acciones que en él se ejecutan, violan todos los principios rectores de la democracia.