La Fiscalía General de la Nación, fue creada para ser el ente de control encargado constitucional y legalmente de investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito, aplicando el principio de oportunidad en los términos y condiciones definidos por el Código Penal en Colombia.
Eso está bien. Mejor sería si además, tuviera independencia absoluta del poder ejecutivo y del legislativo. Pero eso no se cumple en Colombia, porque aunque la Constitución dice que Colombia es un Estado Social de Derecho, han demostrado que las entidades de control más importantes, están permeadas totalmente por los políticos, élites de poder y muchos abogados de dudosa reputación, que la han puesto en el paredón, como una institución muy corrupta, donde no se administra justicia con imparcialidad y legalidad, sino con los intéreses mezquinos de quienes nos manejan.
Hay que advertir que esa institución tiene muchos Fiscales y funcionarios, reconocer que la gran mayoría son personas honestas; hombres y mujeres decentes, sin tacha, transparentes, independientes, con criterios bien claros en el ejercicio del Derecho y el cumplimiento de sus funciones como encargados de administrar Justicia.
Lamentablemente unos pocos esbirros, muy corruptos, sin ética, carentes de valores y principios, han degradado la institución a niveles muy bajos de credibilidad, dañando de paso y sin vergüenza alguna la honra de los que allí trabajan con dignidad, con apego a la verdad y a la ley, la gran mayoría de los funcionarios que allí están, esos que no tienen precio, porque sobre sus manos está la honra que se deben a sí mismos y al andamiaje jurídico, respetando la justicia, sin engaños, con decencia, con firmeza, pero con humanidad y criterios bien cimentados y transparentes.
Los Fiscales Generales que hemos tenido, desde su inicio como institución legítima en la Constitución del 91, que la creó para pasar de un sistema penal inquisidor, en el que el juez penal investigaba, acusaba y fallaba, pasando a un sistema acusatorio en el que los fiscales investigan y acusan, para que un juez falle con las pruebas que le presenta el fiscal, han sido 8, desde Gustavo de Greiff; Alfonso Valdivieso Sarmiento, que la aprovechó como un trampolín político; Alfonso Gómez Méndez, quien fortaleció la Institución y fortaleció el CTI; Luis Camilo Osorio, que hizo labores gerenciales más que jurídicas; Mario Alfonso Iguarán, con su adivino de cabecera, que hizo una labor de vergüenza; Guillermo Mendoza Diago, que la ocupó como encargado 17 meses; Viviane Morales, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección; Martha Lucía Zamora, quien solo estuvo 24 días en el cargo; Luis Eduardo Montealegre, con una labor muy cuestionada; Jorge Fernando Perdomo, que estuvo 4 meses.
A esos los siguieron, Néstor Humberto Martínez, una vergüenza como una “coima”, remplazado transitoriamente cuando renunció por Fabio Espitia. Finalmente el cargo está en manos del amigo y compañero entrañable de estudios de Duque, Francisco Barbosa, “elegido a dedo” para fortuna y vergüenza del subpresidente. Fiscales que con excepciones han sido en general un vergüenza para Colombia y para la Jurisprudencia. Algo que es inaceptable en un país que merece mejor suerte con funcionarios de ese nivel; personas que estén por encima de cualquier duda y que no manchen la institución creada para ser administradora de la Justicia Penal en este país. Creíamos con ingenuidad que ese nombramiento netamente politiquero sería menos malo que el anterior, que fue vergonzoso, pero ha demostrado hasta ahora que lo supera con creces.
Ha sido notorio el interés en hacer pasar el escándalo de la “Ñeñe política”, que en cualquier país del mundo civilizado, le habría costado la destitución inmediata. Aquí no. En este país de lambones, son personajes escogidos para que le cuiden las espaldas a los que están bajo su custodia, cuando en realidad serían los encargados de vigilarlos. Se convierten sin vergüenza alguna, en una disimulada forma de mampara, para mantener sin escrutinio al que creen con ingenuidad y sin memoria es su “Quijote”. Solo que este “Quijote”, carece por completo de las virtudes y dignidad que tenía el caballero andante, aunque su “Sancho”, vuelva añicos la credibilidad de la Justicia y se burle de todo un país, sin que eso parezca importarle .
No se puede confundir ser amigo, con ser cómplice, en este país sin principios, huérfano de valores. Es urgente reformar la Justicia para que sea una realidad la independencia de la rama judicial, del ejecutivo, y del legislativo. No podemos seguir teniendo un Fiscal como este, desacreditando toda la rama judicial.