La ley que impondrá el gobierno en los próximos días es pésima, no cabe duda. Pero menos radical que lo escrito en el Nuevo Acuerdo Final suscrito con las Farc. Desde luego, téngalo en cuenta lector amigo, que toda discrepancia o cualquier limitación que se le haga al Acuerdo se tendrán por no escritas. Incorporado el Acuerdo en la Constitución, prevalecerá sobre la Ley, en este caso la de la Reforma Agraria a la que nos referimos.
El punto crucial del debate está en la obligación que se ha impuesto el gobierno de conformar un Banco de Tierras con tres millones de hectáreas, para repartir entre campesinos que no tienen ninguna o la tienen insuficiente.
Tenemos en Colombia, dicen ahora los expertos, siete millones de hectáreas cultivadas. Eso significa que los jueces de tierras o la nueva autoridad administrativa que asuma la responsabilidad de aplicar la ley, tendrá que hacerse al 40% de la tierra cultivada en Colombia.
Y esa es la cuota inicial. Porque además de los tres millones de hectáreas por distribuir, se van a “normalizar” siete millones de hectáreas que supuestamente pertenecen ya a campesinos que no han podido obtener títulos de propiedad sobre sus parcelas. Marcha sobre ruedas todo hasta ahí. Inclusive, viene de antiguo el Partido Conservador intentando esos procesos ágiles y simplificados para volver regulares los títulos de propietarios urbanos o rurales de bienes que tienen lo que se llama falsa titulación.
El vals empieza a tener ritmo de pasillo, cuando los redactores del Acuerdo se refieren a propiedades o parcelas insuficientes para que el campesino tenga con su explotación una vida digna. En otras palabras, ¿qué hacer con el micro y el minifundio de hecho que haya en Colombia y que se ponga de bulto cuando se normalicen los títulos de propiedad?
El Acuerdo resuelve el tema dándole al Estado poderes para expropiar tierras aledañas que se incorporen al predio insuficiente y lo conviertan en económicamente suficiente. Por supuesto, que esos regalos tienen su doliente, el del vecino que dispone, a juicio del Gobierno, de más tierra de la que necesita para sobrevivir.
El criterio del Acuerdo es obvio y contundente sobre la propiedad agrícola. La economía de grande escala desaparece, porque la tierra se va a fragmentar para dársela al que la necesita en la cantidad que manda una economía de supervivencia.
Nada se dice, y poco se sacaría con decirlo, que el minifundista que deja de serlo porque consigue tierra más amplia gracias al despojo del vecino, deba tener vocación agrícola, capacidad gerencial y voluntad productiva en la tierra que se le otorga. El Acuerdo supone que el minifundista se vuelve buen productor por el hecho de que le sumen más tierra a la poca que posee. Pero tampoco dice qué va a pasar con el dueño afectado, al que se le arrebatará lo suyo con el piadoso empeño de entregarlo a otros.
Ahí está la clave de lo que llamamos la Nueva Guerra. A la gente no le gusta que le quiten lo suyo y a veces defiende su propiedad decidida y hasta ferozmente. Y al final, después de la guerra, quedará pendiente el problema de fondo, cual será la productividad global de la tierra campesina en Colombia.
El experimento se ha hecho en innumerables ocasiones y disímiles circunstancias. Las Reformas Agrarias y la distribución de la tierra no han producido más que hambre y miseria. Venezuela es un buen ejemplo. Después de la guerra agraria, vendrán la escasez, la carestía, las colas y el empobrecimiento de todos.
¡Bienvenidos a la Reforma Agraria de las Farc!