La cadena perpetua, la cual apoyé desde 2008 cuando intentamos el primer Referendo y posteriormente en el 2019 como coautor del Acto Legislativo aprobado en el Congreso, ha sido el centro de debate nacional en relación con su constitucionalidad y su efectividad jurídica; sin embargo, ante los graves hechos de maltrato y abuso hacia nuestros niños fue imperativo trabajar por esta iniciativa de defensa superior a la niñez colombiana, la cual no configura una sustitución constitucional y por el contrario se enmarca en el bloque de constitucionalidad.

En la discusión sobre la efectividad de la prisión perpetua para reducir los delitos contra menores, nos fundamos en la teoría relativa sobre la función de la pena, encontrando que la condena tiene un fin ulterior que busca prevenir futuros delitos. Un ejemplo de ello es el prevencionismo soportado por Von Feuerbach, el cual se fundamenta en que la coerción funciona como una amenaza de sanción que disuade al individuo de cometer la conducta y, en este sentido, la disuasión sin duda reducirá (no acabará) la comisión de estos delitos y logrará con ello proteger a la sociedad y en particular a nuestros niños.

En esta misma lógica de protección social y teniendo en cuenta que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás, acabar con la reincidencia se convierte en un factor clave, toda vez que está demostrado que un violador sale de la cárcel y vuelve a cometer el mismo delito, pues estos son sociópatas que sienten placer al cometer la conducta por carecer de empatía o remordimiento de sus acciones.

En un informe publicado por el INPEC en 2018, más de 1.800 condenados por delitos sexuales ya habían estado presos por los mismos delitos, 597 habían cometido abusos con menor de catorce años, otros 538 habían incurrido en acceso carnal violento a menores y 538 habían cometido la conducta, pero no necesariamente con niños y niñas.

¿Sabe usted qué hubiera pasado si desde 2010 existiera la cadena perpetua? Sí, esos más de 1.800 delincuentes no hubiesen salido de la cárcel a agredir nuevamente a un niño y les hubiésemos salvado la vida y la integridad sexual a más de 1.000 menores en Colombia.