Resulta difícil entender por qué en Colombia personajes que han sido condenados por sus actuaciones inescrupulosas, realizadas con el claro objetivo de estafar a Entidades Estatales o al público en general, como el tal  Emilio Tapia, condenado por el llamado Cartel de la Contratación, durante la nefasta alcaldía de Samuel Moreno Rojas en Bogotá, continúen apareciendo como socios de empresas tan cuestionadas como la Unión Temporal Centros Poblados, que recientemente se ganó un jugoso contrato con el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, recibiendo un muy valioso anticipo, buena parte del cual fue a parar a cuentas del cuestionado personaje, quien rápidamente envió lo que a él le correspondió como accionista de dicha Unión Temporal a sus cuentas bancarias en el exterior. Según algunos medios de comunicación, estuvo cotizando adquirir un avión de transporte ejecutivo para desplazarse a sus
anchas desde Barranquilla, su sitio de residencia, hasta las diferentes ciudades de país en donde tenía contratos con entidades estatales, casi siempre a través de interpuestas personas.
Pero el colmo es que ahora Tapia se ha venido reuniendo con otro muy cuestionado y supuesto empresario, el italiano Alessandro Corridori, ex-ocio de la intervenida comisionista de bolsa Interbolsa, desde la cual, en asocio con los demás accionistas de la citada corredora, otros delincuentes de cuello blanco, pretendieron estafar a miles de personas falsificando los resultados financieros de la citada firma, y a la vez incrementando ficticiamente el valor de las acciones de Fabricato en la Bolsa de Valores de Colombia, empresa que ellos habían logrado controlar hasta que Interbolsa fue intervenida por la Superintendencia Financiera, y finalmente liquidada.
Les recuerdo a mis escasos lectores que entre Corridori y sus socios comenzaron a negociar entre sí acciones de la citada textilera, llevando el valor de las mismas a $94, el precio más alto en la historia de esa compañía, lo cual era bien extraño pues en aquella época (Enero-agosto/2012) ya llevaba perdiendo $160 mil millones en esos primeros ocho meses del año.
El objetivo de esa nefasta práctica era poder solicitar créditos al sistema financiero, ofreciendo en garantía las citadas acciones al 50%de su valor en bolsa, el cual como ya mencioné, había sido inflado en más de diez veces.
Para sorpresa de todos, esos dos pillos ahora se han unido para tratar de adquirir las acciones del equipo de fútbol Deportivo Pereira, sociedad que se encuentra en liquidación. 
Pero lo que me parece inaudito es que quienes estafaron al Estado y a miles de personas, fechorías por las que Rodrigo Jaramillo, debido a su edad fue condenado a prisión domiciliaria, mientras que su hijo Tomás, así como Juan Carlos Ortiz y el ya mencionado Corridori, recibieron condenas de privación de libertad por siete u ocho años, lo cual contrasta con las penas que les imponen en otros países a quienes cometen ese tipo de fechorías.
Pero lo increíble es que tanto Tapia como Corridori puedan andar nuevamente a sus anchas por diferentes ciudades del país tratando de realizar negocios de diversa índole, cuando sus antecedentes deberían ser más que convincentes para que no se les permitiera realizar ningún tipo de actividad empresarial en el territorio nacional.