Por primera vez en mi larga vida estoy muy preocupado por el futuro de nuestro país, debido a la percepción tan negativa que tienen nuestros conciudadanos sobre el sistema democrático y las instituciones que lo conforman, pues según un informe de UniAndes publicado recientemente por El Tiempo, solamente un 18,2% de los colombianos tiene una opinión favorable sobre la democracia, y no mucho mejor sobre sus instituciones, pues en la Presidencia de la República es de solo un 39%, en la Justicia del 27% y en el Congreso, un magro 22%.
 Según el citado informe esta preocupante situación se debe en primer lugar a la rampante corrupción que existe tanto en nuestras instituciones de justicia, que es pilar esencial de una democracia, pues varios de los miembros de nuestras Altas Cortes han sido acusados de haber recibido sobornos para favorecer con sus fallos a peligrosos criminales, y ya algunos han sido condenados por esos bochornosos hechos. Además, casi diariamente los diferentes medios de comunicación nos informan que por vencimiento de términos o por alegar los abogados defensores de grandes malhechores que estos son cabezas de familia, los jueces que los investigan les otorgan detención domiciliaria, la cual cumplen en lujosos condominios y con frecuencia algunos de ellos ni siquiera permanecen allí, pues son sorprendidos por la policía incursionando nuevamente en sus andanzas delictivas.
 Así mismo, no se escapan de esa percepción negativa muchos de los otros órganos del Estado, como las asambleas departamentales y los concejos municipales, en donde con notables excepciones un importante número de sus miembros anda permanente buscando como obtener beneficios económicos de las gestiones que realizan, muchas veces chantajeando al gobernador o al alcalde de turno para aprobarle sus iniciativas. Y ni hablar de la rampante corrupción de muchos de los gobernadores y alcaldes que han resultado elegidos desde que se aprobó ese mecanismo para su escogencia, que infortunadamente se convirtió en una verdadera pandemia que económicamente al menos se podría decir ha sido tan grave para el país como la que nos ha causado el covid 19.
 Además de lo anterior, todas las medidas restrictivas que debieron adoptar nuestros gobernantes para tratar de mitigar el número de fallecimientos por causa del covid 19 condujo a la desaparición de un gran número de pequeños negocios que eran generadores de empleo para muchísimas personas, las cuales han quedado sumidas en un cinturón de pobreza que los lleva a desconfiar no solo de quienes dirigen los órganos del Estado, si no también de nosotros los empresarios, quienes somos los que con el pago de nuestros impuestos sostenemos a ese Estado.
 Por ello la prioridad tanto del Gobierno como del empresariado colombiano es tratar de generar el mayor número de empleos de acuerdo a nuestras respectivas posibilidades, y quienes tenemos la fortuna de ser propietarios o accionistas de empresas que estén generando buenas utilidades, comencemos por mejorar el ingreso de nuestros trabajadores, y en las que puedan hacerlo implantar un salario mínimo de un millón de pesos mensuales, algo que las empresas que conforman nuestro pequeño grupo empresarial pusimos en práctica desde el año pasado. No olvidemos que pagarles bien y tratar bien a nuestros trabajadores conduce a que nos trabajen mejor y nos aprecien.