Luego del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y de una junta militar transicional, se suceden 10 presidentes constitucionales previos a la llegada de Hugo Chávez al poder, incluidos dos provisionales luego de la remoción de Carlos Andrés Pérez en su segundo período. Para entender el período posterior es clave comprender no solamente sus actuaciones individuales, sino el contexto en el cual se desenvuelve el país. 
La explotación del petróleo se inicia en serio en Venezuela y muy rápidamente desde comienzos del siglo 20 y para finales de años veinte se convierte en su industria más importante. Las divisas abundantes resultantes pasan a determinar el tipo de cambio, pero ello afecta negativamente al resto de la economía que no puede competir frente a la producción extranjera con un bolívar sobrevaluado que los encarece, y ello hace de los mecanismos de mercado un referente inferior a lo que ocurrió en otros países de la región. 
De otra parte, la concentración del ingreso petrolero en el Estado ya fuese por vía de impuestos o de administración directa (como ocurre posteriormente) lo convierte en un botín codiciado al cual buscan acceder los diferentes sectores políticos en detrimento de los demás. “A mí que no me den, que me pongan donde haiga” se convierte en un dicho popular. También somete la fortuna del aparato económico y del bienestar general a los vaivenes del precio del petróleo.
Los primeros presidentes del período democrático, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, debieron enfrentar diversos alzamientos militares y de derecha e izquierda, y la formación y actuación de una guerrilla interna, pero para el primer período de Rafael Caldera el orden democrático se había estabilizado si bien con considerable turbulencia política. Carlos Andrés Pérez en su primera presidencia a partir de 1974 nacionaliza el hierro en 1975 y el petróleo en 1976 y crea a PDVSA. Con ello los ingresos petroleros del Estado aumentan vertiginosamente, favorecidos además por las alzas de precios de esa década con la OPEP. Con ello crece una considerable clase media ligada al Estado. Si bien anteriormente la corrupción no era desconocida, a partir de ahora se dispara. 
En los ochentas los altos precios del petróleo, al haber sobreestimulado la producción mundial, caen y con ello los ingresos oficiales así como los niveles de actividad económica durante las administraciones de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, pero sin un alto en la corrupción. Cuando regresa Carlos Andrés Pérez en 1989 lo hace con un plan muy diferente a su primera administración, pero no anunciado durante su campaña. Plantea un ajuste estructural neoliberal que si bien no logra implementar del todo debido al Caracazo como reacción, lo enemista con las clases media y baja, gravemente afectadas, y ello facilita su remoción en 1993 del poder. 
Con posterioridad a una transición difícil, llega elegido nuevamente Rafael Caldera en 1994 quien indulta a Hugo Chávez por su intento de golpe contra Pérez en 1992. En 1999 llegaría Chávez al poder en medio de dificultades por los bajos precios petroleros y la crisis de los partidos principales que en dicha elección además hicieron implosión con candidatos de bajo nivel - Luis Alfaro Lucero, un oscuro cacique de Acción Democrática, e Irene Sáez, la exreina de belleza, por COPEI. No obstante de que en las últimas semanas buscaron redireccionar su apoyo hacia Enrique Salas Romer, un gobernador de Estado, no pudieron evitar, debido a su desgaste, la victoria del teniente coronel Chávez.
A través del período democrático las inestabilidades del petróleo y la concentración del ingreso principal en el estado hacen de la economía en gran medida un proceso político, con las limitaciones de éste, para su dinámica económica e impacto social. Si bien se realizan importantes obras de infraestructura y de inclusión educativa y social, la pobreza persiste y por tiempos se profundiza, y mucho dinero se malgasta en un clientelismo paternalista y creciente corrupción, todo lo cual termina por agotar la legitimidad del régimen.
Una lección que se desprende de lo anterior es la de que un régimen democrático que quiera conservarse como tal no debe dejar su política solamente en las manos de los partidos y del Estado. Dependerá asimismo de una inclusión ciudadana ampliada en los mecanismos de vigilancia, control y decisión a efectos de reducir los sesgos por intereses parciales. Construir, implementar y operar estos mecanismos constituye el reto de nuestros tiempos.