Se viene planteando un proyecto de reforma tributaria impulsado por Gobierno Nacional, con el cual se pretende, entre otros aspectos, lograr la sostenibilidad de la relación entre la deuda del Gobierno Central respecto del PIB manteniéndola por debajo del 70%, teniendo en cuenta que ha presentado un crecimiento de 17 puntos porcentuales durante la pandemia ubicándose en el 52%; también se busca contribuir a la formalización laboral desmontando 17 de 51 puntos que representan costos adicionales no laborales para las organizaciones que operan en el país.
Entre los principales rubros que serán afectados se encuentra la renta a personas naturales, disminuyendo el nivel de ingresos de quienes estén obligados a declarar y tributar; en este sentido se espera que se aumente el porcentaje de recaudo a cargo de personas naturales que en la actualidad son responsables de alrededor del 20,1% de los ingresos, esto llevaría a poder  disminuir el recaudo proveniente de personas jurídicas que representa alrededor del 79,9% del total recaudado; además, se buscaría ampliar la base de productos por los que se debe pagar Impuesto al Valor Agregado, aprovechando la experiencia que se ha ganado en la devolución del IVA para las familias de menores ingresos. Si bien es cierto que el comportamiento fiscal del país indica que es necesario incrementar los ingresos del gobierno o reducir los gastos (poco probable); también es necesario considerar que esta situación se hizo más evidente con los costos no presupuestados para atender la pandemia; pero también es verdad que existen otras posibles fuentes de ingresos que podrían permitir mejorar considerablemente la situación fiscal del Gobierno Central y evitar una reforma tributaría en momentos de dificultad para los diferentes sectores de la economía.
Uno de varios caminos que se podrían explorar está relacionado con mejorar el recaudo de los dineros por deudas que personas naturales o jurídicas tienen con entidades estatales cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, que presentan más de seis meses de mora y que habiendo suscrito un acuerdo de pago lo han incumplido; esta información se encuentra en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) que periódicamente publica el Ministerio de Hacienda, a través de la Contaduría General de la Nación, que según el boletín No 34 de noviembre de 2020, elaborado con la información reportada por 1.696 entidades públicas, las cuales registran deudas morosas a favor del Estado por un valor de $117.061,4 miles de millones de pesos (MM) que corresponden a 1.133.097 morosos, de los cuales 956.6245 son personas naturales con deudas por un valor de $86.103,7 mil millones que representan el 73,6% de la deuda y 176.470 personas jurídicas con deudas por un valor de $30.957,6 mil millones de pesos, que representan el 26,4% del porcentaje total de la deuda.
Del total de la deuda $94.789,6 mil millones de pesos son adeudados a entidades públicas del nivel nacional representando el 82% de la deuda total; el resto corresponde a entidades del orden territorial; siendo importante destacar que en lugar de tenerse un proceso de recuperación de las deudas, estás cada día presentan un incremento significativo teniendo en cuenta que en un período de dos años la deuda paso de $71.044,6 mil millones en 2018 a $117.061,4 mil millones en 2020, con un incremento del 64%. Mientras esto ocurre con las acreencias del gobierno para con los particulares se aspira a recaudar entre 15 y 20 billones que representan aproximadamente el 5% del PIB, mientras la cartera morosa equivale a un poco más del 10%.
Lo anterior indica que si se hiciera un esfuerzo por recaudar sólo entre el 20 o 25% de la deuda con entidades públicas del orden nacional, se alcanzaría a recolectar el dinero que se pretende con la propuesta de reforma tributaria que esta en proceso  y que seguramente tendrá un efecto negativo sobre la actividad económica y sobre el ingreso disponible de las personas naturales; sin lugar a dudas el dinero saldrá de los contribuyentes, pero es diferente que se impongan nuevos tributos a que se recauden dineros que tanto las empresas como las personas ya deberían tener comprometidos toda vez que representan un pasivo en sus respectivas contabilidades.