Una de las principales preocupaciones de los colombianos -sean políticos, líderes sociales y religiosos o transeúntes sensibles, y especialmente de quienes la sufren- es la pobreza crónica, enfrentada sin mayor éxito por los gobiernos de turno. Así se hayan implementado medidas paliativas, subsidios y coberturas en salud inexistentes décadas atrás, la cantidad de colombianos que viven en condiciones de pobreza, e incluso de miseria, es sobrecogedora. Y un reto mayor lo tiene el actual gobierno cuya bandera ondeada durante lustros de lucha política ha sido precisamente erradicar la pobreza enquistada en nuestra población.
Tal vez la poca efectividad de los diversos programas deriva de la misma concepción del problema y de  las diferentes, mas no exluyentes, aproximaciones teóricas y metodológicas para definirla y medirla en todo el mundo, como la Línea de Pobreza (LP), el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que, sin embargo,  eluden la solución.
La mayoría de programas, planes y políticas de reducción de pobreza parten de las mediciones monetarias y la ubicación de las personas pobres, sin enfrentar las causas y condiciones que propician y reproducen esta condición, y así operan casi todos los países acatando las directrices del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no siendo Colombia la excepción. La falla de estos lineamientos y estrategias radica en que se limitan al “desarrollo” dejando a un lado  las interrelaciones de la pobreza con las dinámicas sociales y políticas.
Un nuevo enfoque frente a la pobreza exige resolver las condiciones para la subsistencia o medios de vida sostenibles e integrar las condiciones ecológicas, económicas, sociales e institucionales que enfrentan las comunidades; es decir, que  las personas, hogares y poblaciones una vez salgan de la condición de pobreza,  no retornen a ella o que requieran de la continua asistencia estatal. Dotar a las comunidades afectadas de capital social, económico y natural para generar sus actividades de subsistencia, lograr empoderar los hogares para promover y consolidar los medios para su manutención y, apoyarlas desde la institucionaidad y el esfuerzo privado empresarial, son estrategias que apuntan a disminuir  la pobreza y sostener nuevos niveles de bienestar.
Desde la Revolución Francesa  han  surgido movimientos  político-sociales de anarquistas, colectivistas, comunistas, marxistas, revolucionarios, idealistas, utópicos, socialistas, que abogan por la propiedad común de los medios de producción, distribución e intercambio, movidos por el sueño de superar la pobreza,  bien intencionados por cierto, pero carentes de rigor lógico  o restringiendo la libertad personal. Estas movimientos se metabolizan fácilmente en entusiastas mentes juveniles cuando aún no han recibido el baño de la realidad y de la desigual naturaleza humana  (pues nunca faltarán codiciosos que ambicionen poseerlo todo y subyugar a los demás). Los fracasos de la ex Unión Soviética, de Cuba, Venezuela, Nicaragua y hasta la actual España… son buenos ejemplos de cómo no afrontar la tragedia humana de la pobreza, entre otras tantas injusticias.
No se enfrenta eficientemente la pobreza con subsidios monetarios, ni “castigando” a quienes generan empleos y salarios dignos, ni colocando a incapaces o deshonestos al frente de los medios de producción. Un gobernante actual, si quiere ser eficiente, debe entender que los medios y las relaciones de producción de hoy son bien diferentes y complejos de los existentes en sus años estudiantiles, de tal manera que sus estrategias económicas han de estar enfocadas en crear nuevas oportunidades para que cada adulto pueda procurarse los medios de subsistencia tanto para sí mismo como para quienes de él dependen. Propiciar la libertad económica –ya lo señaló Amartya Sen- es la mejor política social de una nación para que sus gentes pueda realizar sus potencialidades y acceder por sus propios medios a los diferentes bienes y servicios necesarios para llevar una vida digna.