La aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que garantiza recursos para infraestructura vial en territorios indígenas, significa un importante avance en la lucha para combatir las desigualdades sociales que aquejan al país y hace justicia con estas comunidades que históricamente han sido olvidadas por el Estado.
La iniciativa que fue liderada por el Partido de la U, establece un procedimiento más equitativo en la destinación de los recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina, cuyos beneficiarios son los departamentos de Amazonas, Chocó, Norte de Santander, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y San Andrés y Providencia.
El proyecto responde a una necesidad sentida de nuestros pueblos ancestrales que han estado lejos de la atención de los gobiernos, tanto nacional como regionales, pues establece que los entes territoriales deberán destinar como mínimo, un 30% de los recursos del Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina, para invertir en la red caminera ancestral, tales como caminos, trochas o puentes.
Esta medida contribuirá a mejorar la movilidad interna de estas comunidades que habitan en zonas apartadas, así como la circulación de sus productos agrícolas y sus artesanías; además, va a facilitar su acceso a los centros de salud o de educación, que generalmente son escasos y distantes, para de este modo aportar al mejoramiento de su calidad de vida.
Cabe resaltar que esta propuesta no significa una carga fiscal, es decir, que no requiere crear una fuente de financiación del presupuesto general de la nación, sino que redistribuye de una manera más justa, unos recursos ya existentes en beneficio de quienes habitan estas áreas rurales.
Sin embargo, debo anotar que un paso fundamental para combatir las desigualdades que existen en nuestro país se podrá concretar cuando exista una descentralización con autonomía real en Colombia que permita una mayor participación de los territorios y una administración óptima de los recursos por parte de las regiones.
Estoy convencida de que en la medida en que los municipios y departamentos puedan tener esa autonomía y cuenten con los recursos necesarios para lograr el desarrollo social y económico de sus habitantes, se podrá romper el círculo vicioso de abandono estatal sobre todo en las comunidades que habitan los territorios más apartados y olvidados del país.