Como si fuesen los ingredientes de una “tormenta perfecta”, la temporada seca que se vive especialmente en el sur oriente del país y que ha estado acompañada del más alto nivel de incendios forestales en los últimos diez años, está pasando una altísima factura a nuestro medio ambiente con consecuencias fatales.
 Y es que no se trata simplemente de que estemos en una estación de verano. A esta tragedia ambiental se le suman factores como la ganadería extensiva, la invasión de tierras por parte de diversos actores, los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la tala de bosques. La semana pasada el Gobierno nacional reconoció que desde diciembre del 2021 se han registrado más de mil incendios y cerca de 107 puntos de calor que amenazan con quemar más bosques y zonas forestales. En su mayoría han sido generadas por la mano del hombre.
 Si bien desde el Estado se han establecido importantes compromisos ambientales como reducir la deforestación y la emisión de gases efecto invernadero y perseguir los delitos ambientales con estrategias como la Operación Artemisa, es claro que no se está ganando la batalla. Basta con decir que en 2020, la deforestación aumentó un 8% hasta 171.685 hectáreas y estamos a la espera de los datos de 2021 los cuales se conocerán en julio.
 El mejor ejemplo es lo que ha venido ocurriendo en la Amazonia colombiana en donde según especialistas, en los últimos cinco años 600.000 hectáreas han sido arrasadas, amenazando las zonas de áreas protegidas y resguardos indígena. Incluso el impacto se ha sentido hasta en Bogotá, donde se declaró hace poco una alerta por la calidad del aire en la ciudad a consecuencia del humo emitido por los últimos incendios ocurridos en dichos territorios. Los departamentos más afectados son Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.
 Es un problema que supera las fronteras del país, toda vez que la región amazónica juega un papel preponderante dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dada su influencia global para garantizar seguridad alimentaria, biodiversidad, asentamientos a las comunidades indígenas y procesos para mitigar el cambio climático. Además, el Bioma Amazónico, como se le conoce, es fundamental para garantizar la disponibilidad de agua para el consumo humano.
 Según expertos ambientales los incendios forestales emiten monóxido de carbono y dióxido de azufre, que son gases de efecto invernadero que incluso están llegando hasta otros países. Es por esto que han surgido diversas voces que instan al Gobierno a trabajar con mayor efectividad para parar las consecuencias.
 Es importante trabajar en la prevención y para ello se debe en primer lugar abordar el problema desde lo estructural, que tiene que ver con el acceso a la tierra. De una forma casi incontrolable, desde los latifundistas con grandes recursos económicos, pasando por actores ilegales e incluso población vulnerable, invaden las reservas forestales para explotarlas. Es necesario hacer cumplir las normas para regular el acceso. Pero además es necesario establecer sanciones ejemplares contra quienes cometen delitos ambientales en el país.
 También se hace necesario desarrollar una estrategia que articule los diversos organismos como Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Defensa Civil y Bomberos, para que puedan reaccionar de una mejor manera al momento de combatir las conflagraciones que se presenten. Estas acciones deben estar apoyadas por la incorporación de sistemas tecnológicos que ayuden a generar alertas tempranas de incendios. Y desde luego, se necesita una mayor presencia del Estado con programas de desarrollo sostenible y bienestar social en regiones donde ha brillado por su ausencia.
 Se estima que la temporada seca concluirá en el próximo mes de marzo, pero si no se toman acciones el ciclo de destrucción forestal y ambiental va a continuar hasta llegar a un punto de no retorno. No podemos dejar que se destruya el pulmón del mundo y que se queme el medio ambiente, se necesita decisión política para actuar ya.