En julio pasado la economía del país dio por primera vez signos de recuperación desde que comenzó la pandemia al crecer un 14,3% respecto al mismo periodo del 2020. Esta es una noticia que nos llena de optimismo. Sin embargo, todavía nos enfrentamos a grandes desafíos en materia de estabilidad laboral y reducción de la pobreza, si tenemos en cuenta que aún quedan por generar 1,2 millones de empleos, para retornar a la situación que teníamos antes de la llegada del covid 19.
Como ya sabemos, durante el aislamiento social en el país millares de pequeñas y medianas empresas que generan el 93% del empleo, quebraron al no recibir la ayuda oportuna del gobierno. Por eso hemos insistido que es prioritario que desde el Estado se les otorgue créditos con garantías al 100%, con bajos intereses y a largo plazo. Pero, además, no hacerlo con intermediarios como los bancos, sino de forma directa, por ejemplo, por medio de Bancóldex, que debe convertirse en un banco de primer piso o a través del Banco Agrario, si es para el sector agrícola.
También, se debe explorar la posibilidad de articular las Mipymes como proveedoras de grandes empresas, como una alternativa para su recuperación. Sobre este aspecto vale la pena recordar que el Partido de la U logró impulsar y aprobar la Ley 310 de 2020 la cual busca que los fondos privados de pensiones inviertan como mínimo un 3% de sus recursos al tejido empresarial colombiano, garantizando por lo menos cerca de $9 billones adicionales en empresas a proyectos productivos. Esta ley va a ser muy importante como apoyo a las Mipymes no solo para fortalecerse, sino para poder pagar las deudas adquiridas a consecuencia de la crisis que vivieron.
Otro aspecto relacionado con la generación de empleo en este sector, está en la Ley de Inversión Social que el Gobierno acaba de sacar adelante ante el Congreso, donde se establecen rutas selectivas para vincular laboralmente a los jóvenes y mujeres que fueron los más afectados por la pandemia, y se da incentivos a las empresas que los contraten
Pero no basta con generar muchos empleos, si las personas no están preparadas para la oferta laboral. Por eso Colombia debe abordar una agenda decidida de formación para el trabajo pertinente y para ello debemos unir esfuerzos con todo el sector educativo público y privado, con los colegios, con el Sena, en donde se otorgue prioridad a la educación dual, teniendo en cuenta formación en nuevas profesiones que demanda nuestra sociedad del conocimiento.
También es importante fortalecer el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, darle estímulos a las empresas que quieran invertir en investigación, desarrollo e innovación y que se dinamicen otros sectores productivos de nuestra economía como el agropecuario, fortalecer el sector campesino igualmente con garantías del 100% en los créditos, para facilitar el acceso al crédito, vigilancia y control al costo de insumos, pero también con seguros de cosecha y cerrando las brechas viales y digitales que padecen.
Precisamente, pensando en este sector desde el Partido de la U hemos impulsado proyectos para el fortalecimiento de la economía campesina, así como el Proyecto de Ley número 545 de 2021 donde se busca que de los $18 billones de recursos sustitutivos del agro colombiano, al menos $9 billones sean destinados a los pequeños y medianos productores del país ya que actualmente estos recursos se destinan en un 90% a grandes proveedores, generando una gran inequidad que debe ser corregida. También se deben fortalecer los clúster que hay en las regiones enfocados en temas de bioenergía, industrias creativas, salud, turismo, teniendo en cuenta la vocación productiva de cada región.
Solo si trabajamos de la mano de un liderazgo colectivo, de manera unida entre el Estado, instituciones, academia, sector privado y organizaciones sociales, vamos a poder responder a los desafíos que tenemos para hacer que la reactivación económica, que ya comenzamos a experimentar, se sostenga y avance en el tiempo hasta permitirnos construir ese país justo e incluyente que todos merecemos.
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