El gobierno nacional presentó su nuevo proyecto de reforma fiscal con el propósito de financiar la ayuda a los más vulnerables, mejorar las finanzas públicas y reactivar la economía. Esta vez, la medida pretende recaudar $15,2 billones, de los cuales un 72% de los recursos van a provenir del sector privado. Además, no va a subir el IVA a la canasta familiar ni tocará el bolsillo de los asalariados y de los pensionados.
 La nueva medida incluye varias de las premisas que hemos defendido desde el Partido de la Unidad, en el sentido de que la Reforma Fiscal debe ser financiada en su mayoría por los grandes capitales, además de asegurar recursos para la inversión social con la cual se beneficiará a los más vulnerables, afectados por la Pandemia y el Paro Nacional. Sin embargo, creemos que para su debate en el Congreso, hay varios aspectos por mejorar. 
 Si bien ha sido un gran gesto del sector privado asumir una mayor participación en las fuentes de financiación de la Reforma, consideramos que es posible aumentar la sobretasa al sector financiero a un 4%. También, proponemos disminuir la tarifa general del IVA al 18% y que se elimine el día sin IVA. Con esta reducción se compensa lo de este día.
 Durante el debate de esta reforma apostaremos también por mantener el Impuesto al Patrimonio hasta el 2026, extendiéndolo a personas jurídicas lo cual, junto a la sobretasa a las entidades financieras, va a garantizar la red de protección social a los más pobres, especialmente a través de programas como el Ingreso Solidario, en el cual insistiremos que deben quedar incluidas las mujeres cuidadoras, en cuyo beneficio impulsamos el proyecto de Ley ‘Ingreso Mujer’,  por parte del Partido de la U.  
 Otro aspecto que queremos proponer para la Reforma Fiscal es una amnistía en intereses y sanciones para los contribuyentes, que podría salvar muchas empresas golpeadas por la Pandemia y el Paro Nacional, sobre todo, a las MyPimes, que generan la mayor parte del empleo en el país.
 Esta amnistía podría tener vigencia hasta el 2022 y consistiría en la disminución de intereses del 100% y 90% de las sanciones para los contribuyentes que cancelen la totalidad de las obligaciones en mora reconocidas a diciembre 31 de 2020.  Con la medida se podría perdonar parte del Capital, tal como ocurrió con los municipios y departamentos en 2020. Además, se podría establecer la terminación por mutuo acuerdo de los procesos que se encuentren en fiscalización, liquidación y discusión, y que haya conciliación para los que se encuentren en demandas en la vía contencioso administrativa.
 De otra parte, destacamos la decisión del gobierno de financiar o subsidiar el 25% del salario para los jóvenes entre 18 y 28 años, pero en ese sentido, queremos que ese beneficio incluya a las mujeres quienes hemos sido las más perjudicadas por esta crisis social. A estos dos grupos poblacionales, además se les debe dar rutas selectivas para la generación de empleo.  
 Todas estas propuestas han surgido del ejercicio que hemos venido realizando al escuchar a la gente en las regiones, pues son ellas quienes mejor saben las dificultades que se viven en el día a día. Por eso, desde nuestro movimiento las estaremos impulsando para que, en la Reforma Fiscal, la voz de la gente sea escuchada.