A finales del año pasado fue sancionada la Ley 2167 de 2021 que garantiza la prestación del servicio de alimentación escolar de manera oportuna y de calidad a siete millones de estudiantes colombianos a través del Programa de Alimentación Escolar, PAE. Sin embargo, un reciente informe de la Contraloría reveló que, en lo corrido de este año, al menos 25 entidades territoriales no han empezado la entrega de estos alimentos escolares. 

A este delicado hecho se suma que el año pasado al menos millón y medio de escolares dejaron de recibir este apoyo nutricional.  Y según un estudio de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y la Cámara de Alimentos de la Andi, el 54.2 % de los hogares en el país presenta inseguridad alimentaria, lo que se traduce en que cerca de 21 millones de colombianos no pueden acceder a las tres comidas básicas del día.

Se trata de una situación muy preocupante. No podemos olvidar que una de las principales herramientas para combatir las brechas sociales y económicas que nos aquejan como país es la educación, y el PAE tiene como propósito proporcionar a los menores, un desarrollo mental y físico apropiado, además evita la deserción escolar, estimula el aprendizaje de calidad y promueve hábitos saludables. 

De acuerdo con la Ley sancionada tanto el Gobierno Nacional, como los distritos, departamentos y municipios, deben incluir en su planeación presupuestal los recursos para el PAE, además de garantizar su sostenibilidad fiscal a lo largo de todo el periodo académico.  Pero, más allá de lo que dicte una ley, lo que se necesita es decisión y vocación de servicio por parte de los gobernantes y dirigentes para sacar los proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de las comunidades. 

Así lo demostramos durante mi labor como Gobernadora del Valle, en la cual, como parte de nuestra apuesta por ofrecer una educación integral oportuna y de calidad a nuestros jóvenes y niños en sus primeros años de formación, diseñamos el Plan de Alimentación Escolar para beneficiar a más 110 mil estudiantes del departamento. 

A diferencia del resto del país, nuestro PAE extendió su atención hasta los estudiantes de séptimo grado, logrando además una cobertura total rural y urbana, así como el cubrimiento del 100 % de la matrícula en el último año. El programa abarcó 34 de los 42 municipios del Valle del Cauca y 149 de sus instituciones educativas, pertenecientes a los municipios no certificados. 

De otra parte, en total coherencia con nuestra política de inclusión, aprovechamos la cobertura del PAE para diseñar un plan diferencial, enfocado en los niños y las niñas indígenas. Fue una experiencia muy enriquecedora porque trabajamos junto a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac, para que la entidad ejecutara el programa con nuestra supervisión y con la correspondiente interventoría. 

En total 19 municipios del departamento se beneficiaron del PAE diferencial. Fue el primer experimento de este tipo en el país y el Ministerio de Educación se basó en él para replicarlo en otras zonas de la geografía nacional. Por fortuna el PAE sigue siendo ejecutado con éxito por la actual Gobernación del Valle, en cabeza de Clara Luz Roldán.

De este modo, demostramos que cuando hay determinación es posible desarrollar políticas que aporten a mejorar la calidad de vida de las comunidades, en especial las más vulnerables.

No podemos darnos el lujo de seguir incumpliéndole a nuestros niños y a nuestros jóvenes. El Programa de Alimentación Escolar, es una estrategia de gran peso en la política educativa y todos los entes territoriales deben entender su importancia. Más allá de las leyes y las normas, que son importantes, es vital la decisión política de quienes deben aplicarla. Sólo así lograremos combatir las desigualdades y comenzaremos la construcción del país, justo e incluyente que tanto anhelamos.