A partir del pasado 30 de junio, la compañía trasnacional argentina SUTEC S.A. empezó a operar las Zonas Azules de Manizales, luego de que por 24 años este programa estuviera a cargo de entidades sin ánimo de lucro locales. 
El historial de SUTEC S.A. no es alentador. Nació como una escisión de la multinacional alemana Siemens en 2003, luego de los monumentales escándalos de corrupción de esa empresa en Argentina. Una licitación que se ganó en Perú en 2007 está siendo investigada por la Contraloría de ese país por supuestos sobornos. La Contraloría de Bogotá señaló que la concesión de patios y grúas que maneja desde 2014 fue adjudicada sin que la empresa tuviera experiencia y sin que su objeto le permitiera hacerse cargo de ella. Y además posee dos sociedades offshore en Panamá (SUTEC Panamá S.A. y Aureos Management Foundation), lo que según la Superintendencia de Sociedades es un indicio claro de que la empresa evade o piensa evadir impuestos en algún momento.
Además de los cuestionamientos legales, las primeras acciones del consorcio extranjero en la ciudad han sido nefastas. No les renovaron el contrato a 88 trabajadores en situación de discapacidad, adultos mayores y madres cabeza de familia, a pesar de que estas personas no poseen alternativas laborales, además de la venta de minutos o de lotería en la calle. La compañía les impuso jornadas de 12 horas diarias a los trabajadores que vinculó, pese a que por sus limitaciones físicas y cognitivas acostumbraban a trabajar en promedio 6 horas al día. Esta ampliación de la jornada se realizó sin la autorización del Ministerio de Trabajo, lo que configura un incumplimiento temprano del contrato, el cual debe ser sancionado con una multa de hasta 340 millones de pesos. Para rematar, en lugar de uniformes, la empresa les entregó a los trabajadores un peto rojo sin distintivos, y los encargó de extensas zonas de parqueo, imponiéndoles mayores cargas laborales y obstaculizando el control para el pago, con lo cual se ha incrementado el número de usuarios que se van sin pagar, propiciando que el operador deba descontar de su pago los tiquetes no liquidados. 
¿Cómo se le entregó un programa con una tradición social tan arraigada a una cuestionada multinacional? Por propuesta de la Alcaldía, en mayo de 2016 el Concejo incrementó la tarifa de las Zonas Azules en un 58% y removió una norma existente desde 1992 para permitir que entidades con ánimo de lucro pudieran manejar este servicio. Estos cambios se realizaron después de que a la entidad que manejó el programa desde 1993 le negaron sistemáticamente un incremento de 200 pesos en la tarifa, mediante el cual buscaba obtener sostenibilidad financiera para garantizar aspectos salariales y prestacionales. La negativa al incremento además del cúmulo de obligaciones que impuso la Alcaldía en 2015, propiciaron que la Asociación de Personas con Discapacidades culminara anticipadamente el contrato en febrero de 2016, momento a partir del cual misteriosamente apareció la voluntad política para incrementarle la tarifa al nuevo operador, no en 200 pesos como se pedía sino en 700 pesos, a sabiendas que seguramente la concesión terminaría en manos de una entidad con ánimo de lucro. 
La indignación ciudadana no se ha hecho esperar ante la transformación de un programa social, que nació para garantizarle alternativas laborales a la población en situación de discapacidad, en un negocio lucrativo que generará importantes ganancias para un consorcio extranjero. 
Señor Alcalde, las personas en situación de discapacidad tienen derechos y también merecen “más oportunidades”.